Hace unos cuantos años, siendo presidente de la
Organización de Usuarios de la Justicia, mantuve un debate radiofónico (moderado creo recordar por el periodista Ricardo Fernández Déu)
con el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia José Antonio Martín Pallín. Todo iba sobre ruedas acerca de la necesidad de democratizar la Administración de Justicia a través de la figura del Jurado Popular hasta que discutimos sobre el ámbito de aplicación. El bueno de Martín Pallín no estaba conforme con juzgar a los jueces democráticamente, sobre todo en los delitos de prevaricación "porque es un delito muy complejo para dejarlo en manos de legos". ¡¡Bendito sea Dios!! El populacho está capacitado para juzgar (tipo circo) a los asesinos y violadores, y a pagar impuestos, y a votar cada cuatro años con el carnet de identidad en la boca, pero no para saber si un juez ha dictado sentencia injusta a sabiendas o no, aun cuando muchos justiciables han padecido, padecen y padecerán ese cáncer de la "justicia" impune como es la prevaricación. ¿Cuántos jueces prevaricadores hay en la cárcel? Pues quizá esta sea la razón de su numantina oposición a ser juzgados por los ciudadanos.
Casos como el de la niña Asunta Basterra Porto, la decisión de la Audiencia Provincial de La Coruña de someterlo a un jurado popular, le viene muy bien a la maltrecha "justicia" española para desviar la atención de los contribuyentes sobre la verdadera situación de la Administración de Justicia no democrática, corporativa (administradores de justicia en nombre del Rey juzgándose entre sí mismos, "hoy por ti y mañana por mí, para no pisarnos la toga").
Jurado Popular para juzgar a los padres de la niña asesinada.
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