CRÓNICAS DE RAFAEL SÁNCHEZ ARMAS
DESAPARICIÓN DE ETA TURNO PARA EL GOBIERNO
"El asesinato del presidente del Gobierno cambió la faz del desarrollo político español; puso al descubierto las carencias profundas y estructurales del franquismo, desconcertó a la oposición y despertó al país en general avisándole del desmoronamiento de la Dictadura" (Juan Luis Cebrián Echarri, en su obra "Golpe mortal. Asesinato de Carrero y agonía del franquismo").
La segunda amnistía decretada por el gobierno de Aldolfo Suárez González, en 1977, dejó las cárceles libres de presos políticos y exoneró de cualquier persecución a los separatistas canarios, vascos y catalanes no descubiertos con anterioridad por las Fuerzas de Seguridad del Estado. En este último caso me encontraba yo como más tarde declaré en la revista Interviu a raíz del enfrentamiento interno en el Movimiento para la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario (MPAIAC) entre los "duros" y los "moderados" (mi compadre Antonio Cubillo Ferreira, QEPD, me llamaba moderado).
ETA, a través de Herri Batasuna, irrumpió en las instituciones públicas de elección democrática, pero sin renunciar al terrorismo revolucionario. Pasaron los años y el número de muertos ocasionados por ETA y por las bandas parapoliciales provocó el fallido golpe de Estado de 1981; más tarde, una vez el "clan de la tortilla" sevillana desembarcó en la Presidencia del Gobierno surgió el enésimo intento de poner fin a ETA a través del terrorismo de Estado: nació el GAL. Ministros, secretarios de Estado, gobernadores, policías y dirigentes del PSOE terminaron entre rejas. El subcomisario del Cuerpo Nacional de Policía José Amedo Fouce, autor de "Cal Viva", acusó a Felipe González Márquez de ser la X sin despejar por el juez Baltasar Garzón Real en el organigrama del GAL. El magistrado de origen argentino Bacigalupo negó la posibilidad de sentar en el banquillo a Felipe González para no "estigmatizar" al Presidente del Gobierno.
Diversos procesos de negociación con ETA terminaron en fracaso. A mediados de 1998 corrió el rumor de una próxima tregua "indefinida y sin condiciones" por parte de ETA. El 19 de junio 1998, en el periódico EGIN, donde yo escribía desde 1995, cuando la prensa timocrática de Barcelona (por orden del mando político-judicial) cumplió a rajatabla la censura perpetrada contra la Organización de Usuarios de la Justicia (fundada en 1990 para meter en cintura a los jueces salidos del tiesto en connvivencia con sus amos y señores en el mando político), alenté a ETA a dar un paso adelante por la paz y la democracia:
"Quienes respetaremos una España unida o desunida territorialmente, pero a la luz de la decisión soberana de los pueblos en conflicto, sin imposiciones bastardas (Extremadura, por ejemplo, no tiene legitimidad para inmiscuirse en el derecho de autodeterminacíón de Canarias, ni viceversa), somos contrarios a la guerra por la guerra. Ni una sóla víctima merece la sinrazón del enfrentamiento en vez del uso de la palabra negociadora".
El 16 de septiembre de 1998 ETA declaró una tregua indefinida y poco más tarde el presidente del gobierno José María Aznar López ordenó los primeros contactos con el Movimiento Vasco de Liberación Nacional. Pero una vez más la sangre volvió a enlutar a España, hasta el 20 de octubre del 2011, cuando ETA anunció el cese defintivo del empleo de las armas. Siete años más tarde dicho cese ha sido certificado en Francia por una delegación de observadores internacionales. ¿Qué debe hacer ahora el Gobierno de España? En una primera fase reagrupar a los presos de ETA en cárceles vascas y navarras y en otra posterior excarcelar a todos los prisioneros. ¿Acaso el gobierno de Aznar no indultó a los asesinos del GAL? ¿Acaso el Gobierno de Mariano Rajoy no ha respaldado la negociación del Gobierno de Colombia con la guerrilla FARC en La Habana y financiado posteriormente el proceso de consolidación en Colombia? ¿Acaso el Gobierno de Mariano Rajoy no pregona la liberación de los presos venezolanos con delitos de sangre? ¿Acaso el Gobierno de España no respaldó la Ley de Justica y Paz de Álvaro Uribe Vélez? Ocho años de penalización máxima incluso por delitos de lesa humanidad cometidos por los paramilitares.
Señor Rajoy Brey, don Mariano, manos a la obra.
CLOACAS DEL ESTADO FELIPE QUÉ COBARDE
JERÓNIMO CUÉNTAMELO TODO CARIÑO
DÉCADAS DE MUERTE TORTURA Y CÁRCEL
VÍCTIMAS OFICIALES DEL CONFLICTO
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