EXPANSIÓN DE LAS ÁGUILAS NEGRAS

PARAMILITARISMO Y NARCOTRÁFICO

DECLARACIÓN DE JORGE NOGUERA COTES

MOVILIZACIÓN CONTRA PARAMILITARISMO

DETENIDO GENERAL (R) PAUSELINO LATORRE GAMBOA

JORGUE NOGUERA A JUICIO

PECADOS DE JORGUE NOGUERA COTE

NO SOY PARAMILITAR NI LAVADOR DE DINERO

FISCALÍA CITA A ÓSCAR DARÍO LÓPEZ GARCÍA

DESMOVILIZADO REVELÓ ASESINATO DE CARLOS CASTAÑO GIL

SENADOR PARAMILITAR O NARCOFARCISTA

SENADOR JORGE CASTRO PACHECO BAJO SOSPECHA

GUSTAVO PETRO DENUNCIA A URIBE

HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL PARAMILITARISMO

PARAMILITARISMO COLOMBIANO EN VENEZUELA

CHÁVEZ DENUNCIA PENETRACIÓN DEL PARAMILITARISMO

CRITICAN MOVILIZACIÓN ANTIPARAMILITAR

NUEVA ALIANZA ENTRE MAFIOSOS Y PARAMILITARES

ALIANZA ENTRE NARCOFARCISTAS Y NARCOPARAMILITARES

FUERZAS ESPECIALES ÁGUILAS NEGRAS

DIEGO FERNANDO MURILLO BEJARANO DON BERNA

DETENCIÓN DE LOS SUEGROS DE CARLOS CASTAÑO GIL

ENTREVISTA SOBRE PARAMILITARISMO EN COLOMBIA

CAPTURADOS REPRESENTANTES DEL CONGRESO

CONDENADA EX CONGRESISTA MURIEL DE JESÚS BENITO REBOLLO

JESÚS MARÍA VALLE PARAMILITARISMO Y DERECHOS HUMANOS EN ANTIOQUIA

ESPOSA FISCAL DEL PROCESADO LUIS ALFONSO ALMARIO

SECUESTRADOS POR LOS PARAMILITARES

FOTOGRAFíAS PARA LA HISTORIA

               La desmovilización  de 855 paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia podría ser el primero de muchos frutos de una siembra hecha a base de voluntad inquebrantable y minuciosa dedicación. Con la entrega masiva de armas más importante desde la desmilitarización del grupo guerrillero M-19 en 1989, Álvaro Uribe Vélez demuestra que el fortalecimiento de la autoridad estatal es la única vía para construir una paz duradera en Colombia. Y es que la reinserción de los combatientes ilegales a la vida civil no es solo producto de un efectivo proceso de negociación con las AUC, que ha echado tierra a los señalamientos iniciales de que un gobierno de “mano dura” en el país vecino traería como consecuencia un crecimiento de la contrainsurgencia. El alentador episodio, que da comienzo a una desarticulación gradual de los paramilitares prevista a prolongarse hasta finales del 2005, es, sobre todo, el natural resultado de la recuperación de un atributo esencial que el Estado colombiano había perdido frente a los grupos irregulares: el monopolio de la fuerza legítima. Así, cada uno de los 855 paramilitares que a partir de mañana tendrá que aprender a manifestar sus opiniones por medio de las vías legalmente constituidas, será un testimonio viviente del triunfo de la visión de país de un líder excepcional, sobre las más espinosas circunstancias.

Fuente: Diario La Prensa (Panamá).

               La desmovilización del Bloque Cacique Nutibara, perteneciente a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) es un importante paso en el camino empedrado hacia la paz en el territorio neogranadino. Pero este hecho debe ser colocado en su justa dimensión para prevenir vanas ilusiones. La prensa de ese país calculó en 800 el número de paramilitares pertenecientes al referido bloque que depusieron sus armas en noviembre. Notable gesto este de la unidad a las órdenes de Giovanni Marín, alias Comandante R, un estudiante de derecho incorporado a la lucha armada. Quizá sea casual que esto suceda en Antioquia, la región donde el actual presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez dio sus primeros pasos en el arte de gobernar hace tres lustros. Quizá no. Las relaciones entre éste y los paramilitares han sido señaladas (aunque no admitidas públicamente) por los periodistas Fernando Garavito y Joseph Contreras en una biografía no autorizada del mandatario. Días después vino la pacificación de las Autodefensas Campesinas de Ortega, grupo que actuaba en la región del Cauca. Los recuentos periodísticos señalan que en total se han acogido al plan 2 mil 500 personas. Esto es aproximadamente el 20 por ciento del pie de fuerza de la organización comandada por Carlos Castaño Gil y Salvatore Mancuso Gómez. La consultora Stratfor señala de manera acertada que a pesar de tales hechos es poco probable que las AUC depongan sus armas por completo en el futuro cercano. Varios factores se juntan para inclinar la balanza hacia esta alternativa. El desarrollo del Plan Colombia ha hecho de las fuerzas armadas neogranadinas las más poderosas de la región. Bajo el gobierno de Uribe ese país sudamericano ha sido el segundo receptor mundial de ayuda militar de Estados Unidos. Las tropas colombianas (aproximadamente 220 mil efectivos) son las más entrenadas y activas de todo el continente, en una movilización perenne debido al conflicto con los llamados “factores de violencia”. El crecimiento cualitativo que allí ha tenido el sector castrense ha dejado paulatinamente sin espacio a los paramilitares. Castaño dijo alguna vez que ellos habían salido a dar la batalla debido a la ausencia de las autoridades en buena parte del territorio colombiano. Ahora, con unas fuerzas regulares en expansión numérica y con recursos logísticos nunca antes disponibles, las AUC pierden su razón de ser. Pero Washington también tranca el juego cuando incluye a los paramilitares en la lista de organizaciones terroristas y, lo que es peor, inicia juicios por tráfico de drogas y violaciones a los derechos humanos contra la cúpula de las AUC. El fundamento de estos procesos penales puede ser cierto, pero desde el punto de vista político es un error pues impide a los “paras” acogerse por completo a la pacificación. Despojado de sus armas, este grupo quedaría sin ningún elemento para negociar con Bogotá. Esta situación no será aceptable para los seguidores de Castaño, quienes -dicho sea de paso- no están convencidos del todo sobre la conveniencia del sendero escogido por su dirigencia. Uribe tiene en sus manos una oportunidad preciosa para avanzar aún más hacia el logro de la paz en Colombia. Pero un movimiento en falso echaría a perder años de esfuerzo. Tendrá que negociar no solamente con los paramilitares sino también con otro radical: el inquilino de la Casa Blanca.

Fuente: www.segured.com.

COMUNICADO  DE CARLOS CASTAÑO GIL

            "Nunca he apoyado, de ninguna manera, a ningún narcotraficante en su nefasto negocio del tráfico de drogas. Soy enemigo del narcotráfico. Siempre me he opuesto a esa actividad dentro de las Autodefensas", señala el Jefe Político de las AUC. Carlos Castaño afirmó que está dispuesto a retirarse de las negociaciones de paz que llevan a cabo AUC con el Gobierno, debido a que el juez español Baltasar Garzón decidió procesarlo por un caso de narcotráfico hacia Europa. En una carta enviada al alto comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, Castaño, jefe político de las AUC, afirma que Garzón lo sindica "equivocadamente de haber protegido y apoyado a dos narcotraficantes para desarrollar sus actividades del narcotráfico hacia Europa". "Nunca he apoyado, de ninguna manera, a ningún narcotraficante en su nefasto negocio del tráfico de drogas. Soy enemigo del narcotráfico. Siempre me he opuesto a esa actividad dentro de las Autodefensas", señala el jefe paramilitar. No obstante, ante la decisión de Garzón, Castaño comunica a Restrepo que está "dispuesto, en el momento que el Gobierno lo considere, a retirar de manera individual mi participación activa de dicho proceso, para evitarle traumas al mismo, y no afectar a los comandantes al margen de estas falsas acusaciones contra mí". El líder de las AUC señala que si el Gobierno considera que puede seguir en el proceso de negociación iniciado hace un año, entonces encarará los cargos individualmente. "Si el gobierno considera que debo continuar participando en el proceso; acepto enfrentar de manera individual estas injustas sindicaciones por narcotráfico que se me han hecho, las cuales estoy dispuesto a encarar de manera personal, al margen de la mesa de negociación. No quiero hacerle daño al proceso. Es la verdad y la justicia lo que pido", concluyó. Restrepo no había respondido aún a la misiva de Castaño; pero en la primera reacción del Gobierno, la embajadora en Madrid, Noemí Sanín, expresó que "Una vez conocida la decisión del juez Garzón, el presidente Álvaro Uribe Vélez ratificó que Colombia es un Estado de Derecho". "(...) Como ha sido la tradición nacional, se ajustará plenamente a las leyes vigentes: la Constitución colombiana y las normas del derecho internacional", añadió un comunicado enviado por Casa Presidencial. Castaño figura en un auto, notificado este jueves, en el que Garzón ordena el procesamiento de otras 33 personas, entre ellas los jefes del "clan de los mellizos" Víctor y Miguel Ángel Mejía Múnera y el "zar" de la explotación de minas de esmeraldas de Colombia, Víctor Carranza, por un caso fallido de envío de droga hacia Europa, a bordo del buque. El magistrado de la Audiencia Nacional, principal instancia penal española, indicó en la disposición judicial que Castaño "colabora con la organización como un respaldo armado para solucionar cualquier tipo de conflicto con otras organizaciones de tráfico de drogas". El "clan de los mellizos" pretendía ingresar en Europa 14 toneladas de cocaína, de las cuales cinco debían ser cargadas a bordo del buque "Privilege", capturado 400 millas de las Islas Canarias (suroeste) el 31 de agosto de 2000, sin que se encontrara nada a bordo, dice el auto de Garzón. Los jefes de la banda fueron advertidos de que al barco, que debía zarpar de las costas venezolanas, "lo estaban esperando" en su destino, añade la disposición judicial. Al parecer la droga nunca fue cargada en el buque como resultado de la intervención de corbetas de la guardia nacional venezolana que frustraron la operación de carga de la cocaína, que debía ser llevada a Italia y Albania.

Fuente: Autodefensas Unidas de Colombia.

NI IMPUNIDAD NI SOMETIMIENTO

Los colombianos tenemos derecho a la paz y a decidir el precio que queremos pagar por ella. Aspiramos a la justicia, la verdad y la reparación, mas no a la impunidad ni al olvido. Es indiscutible el deseo mayoritario de la paz para Colombia. El dilema radica en el precio que estamos dispuestos a pagar por ella. Los diversos proyectos de ley radicados en el Congreso, que van desde penas alternativas hasta condenas máximas de 30 años, así lo demuestran. El inicio del proyecto de ley de "Justicia y Paz" presentado por el Gobierno ha sido caótico. Las divergencias entre el Ministro del Interior y de Justicia, el Vicepresidente y el Alto Comisionado para la Paz, han tenido un inadecuado manejo. Es evidente la descoordinación y falta de unidad de los altos funcionarios. Sus posiciones a título personal revelan una conducta impropia e inconveniente de los funcionarios públicos obligados a ser cuidadosos, en extremo, en sus opiniones. El intento de renuncia del doctor Luis Carlos Restrepo Ramírez, afortunadamente conjurado por el Presidente, demuestra aún más la confusión en el Gobierno, quien está en mora de fijar una sola línea para el buen éxito del trascendental proyecto de ley. E debate que se avecina es crucial para la democracia colombiana. La gobernabilidad y la institucionalidad dependerán en buena medida de la adecuada justicia que seamos capaces de aplicar en la búsqueda de la paz. Los partidos políticos y sus representantes en el Congreso tienen una oportunidad de oro para demostrarles a los ciudadanos razones para creer en ellos y hacerse merecedores de su voto, ahora que se avecinan las campañas electorales de Senado y Cámara. Hemos sostenido en este mismo espacio que somos partidarios de una ley que logre el equilibrio entre justicia y paz. La impunidad no es aceptable ni en el ámbito nacional ni internacional y menos cuando se trata de delitos atroces o de lesa humanidad, así se persiga el loable fin de la reconciliación. El desmantelamiento real de las organizaciones ilegales, la confesión de la comisión de delitos, el cumplimiento de las penas, la entrega de bienes producto del ilícito, la reparación a las víctimas y el respeto a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, son presupuestos esenciales que creemos deben hacer parte de la normatividad que se pretende expedir y que no puede irse a los extremos del sometimiento o la impunidad. Consideramos vital para la credibilidad del proceso de paz que se dé una confesión pública, completa y verdadera. Que se diga la verdad para tener derecho a los beneficios legales. Es imperativo enviar el mensaje a la sociedad de que el crimen no es rentable. La reparación a las víctimas podría reglamentarse con la filosofía de la justicia restaurativa, donde el victimario y la víctima, apoyados por la comunidad, buscarían restaurar las relaciones y el victimario reparar el daño causado. No sería un reemplazo de la justicia penal sino un complemento de la misma, sin impunidad, sin olvido. Lo cierto es que Colombia empezó un proceso de reflexión sobre lo que está dispuesta a entregar por la paz. El desafío es decidir cuál es ese costo y en qué consisten el resarcimiento y la dignificación de las víctimas. En buena hora podríamos hacer nuestras las palabras del Arzobispo Emérito de Sudáfrica y Premio Nobel de la Paz, Desmond Tutu: "Es imposible que prevalezca la guerra. Es imposible que la justicia, la bondad, la felicidad y la paz no perduren al final".

Fuente: Editorial de "El Colombiano".

DESMOVILIZACIÓN Y VACÍO DE PODER

El Estado pierde un aliado indeseable y la guerrilla gana libertad de acción. Las FARC se metieron al rancho de los paramilitares en Valencia (Córdoba). Hacía varios años que no aparecían por esa zona, en un departamento cuyo territorio ha sido prácticamente controlado por los paramilitares durante mucho tiempo. Junto con el sabotaje a escala regional en Putumayo, este hecho debería servir como otro campanazo de alerta de lo que serán las estrategias de las FARC en el futuro. Por lo pronto, este grupo guerrillero permanece al acecho en las zonas rurales donde ya se han desmovilizado paramilitares. Tiene la suficiente paciencia y sagacidad para esperar a que el mayor número de grupos paramilitares se desmovilice sin volcarse de manera inmediata y agresiva a copar esos espacios, aun viendo la insuficiencia de Fuerza Pública para controlarlos. Su copamiento inmediato por parte de la guerrilla podría congelar la desmovilización de otros grupos paramilitares, lo cual sería contraproducente para la insurgencia. La guerra irregular nunca es una guerra relámpago, sino de espera y de poder esperar. En este caso, la guerrilla está cediendo espacio a cambio de tiempo, precisamente porque sabe que con el tiempo, a medida que sus enemigos se desmovilizan, tendrá cada vez más espacio. La guerrilla es la más ferviente amiga del proceso de desmovilización de los paramilitares. No deja de ser paradójico que el Gobierno que con más ahínco ha combatido a la guerrilla sea exactamente el que mayor libertad de movimiento le esté otorgando, aun sin proponérselo. Aclaro. Estos no son argumentos en contra de la desmovilización de los grupos paramilitares: en principio, son encomiables todos los esfuerzos que se hagan para sacar gente de la guerra, sobre todo a quienes han cometido tantos crímenes, provocado tantos desplazamientos forzosos y realizado tantos abusos. Es más. Públicamente he sido uno de los pocos defensores de la Ley de Justicia y Paz, que sigo considerando como la más dura y exigente de todos los procesos de paz recientes en Colombia y en el mundo. Pero el balance estratégico es otra cosa. Ahí no caben las consideraciones morales ni humanitarias. Es imperativo un frío y objetivo análisis de las relaciones de fuerzas entre las partes. Y es obvio que al perder el Estado un aliado –moral y legalmente indeseable–, la guerrilla gana libertad de acción, lo que es, en últimas, el objetivo de cualquier estrategia militar. Solo que esta vez la guerrilla gana no por su propia acción estratégica, sino por errores de cálculo de sus adversarios. En efecto, el Gobierno siempre creyó que podía debilitar críticamente a la guerrilla en muy corto tiempo y los paramilitares le creyeron al Gobierno. Así, ambos consideraron que era hora de realizar su desmovilización, pues el Estado retomaría de inmediato el control de la situación. Pero luego de tres años, la guerrilla sigue prácticamente intacta y la Fuerza Pública no se ha fortalecido lo suficiente como para suplir la acción contrainsurgente de los paramilitares que se están desmovilizando por millares. Con lo cual el balance estratégico de fuerzas va a quedar totalmente alterado desde ya a favor de la guerrilla en muchas zonas, y en todo el país una vez se desmovilicen los últimos paramilitares en diciembre del presente año. Lo más preocupante es que esto va a coincidir con el momento de la mayor escalada guerrillera de los últimos años, que la misma guerrilla ha denominado “la ofensiva final” y que probablemente realizará en los meses previos a las elecciones presidenciales. Para el momento de esa ofensiva contra el Gobierno, la guerrilla contará con mayor libertad de movimiento gracias a las desmovilizaciones de los paramilitares promovidas por el mismo Gobierno. Son las paradojas de un conflicto armado cuya existencia se niega y se dirige con base en la propaganda y no en el cálculo estratégico.

Fuente: Alfredo Rangel Suárez

La falta de efectivos suficientes es la máxima vulnerabilidad del Estado. En todo conflicto armado o simplemente político, la ausencia de poder para hacer respetar espacios territoriales o derechos de cualquier tipo invita al adversario real o potencial a ocupar espacios vacíos o realizar pretensiones que afectan los intereses, posesión de tierra o mar de quien carece de la fuerza para hacer respetar el derecho. En el conflicto interno colombiano, la veloz desmovilización de las autodefensas está creando tales vacíos en las regiones donde emprendieron inicialmente la defensa de quienes las habitan, para degenerar finalmente en agrupaciones fuera de la ley, inmersas en el narcotráfico para hacerse a los recursos que pudieran contrarrestar los de sus oponentes. La refriega salvaje entre los dos bandos afectó profundamente la vida regional y produjo desplazamientos masivos que a la postre crearon espacios territoriales dominados por una de las dos partes. Los campesinos, ante las depredaciones de las FARC, terminaron considerando a las autodefensas como su propio ejército, así su dominio por el terror fuera lo menos deseable. Pero de los males, el menos. En el lado opuesto, las FARC hacían lo propio, hasta donde la acción de las Fuerzas Armadas del Estado diera lugar a tan abominable yugo. Al extinguirse las autodefensas, el campesinado de sus zonas de influencia se siente desprotegido con justa razón, pues sabe de qué manera se ejecutarán represalias por su forzado respaldo a los adversarios. El primer síntoma de esta nueva fisonomía del conflicto acaba de percibirse en el sur de Córdoba, próximo al área general de Ralito, aun antes de que esta sea evacuada totalmente. Prácticamente, en toda la geografía nacional se registran regiones que fueron dominadas por grupos de autodefensa que, al desaparecer, abrirán vacíos de poder. Cómo impedir su ocupación por las FARC constituye enorme reto para el Estado y sus Fuerzas Armadas. Una vez más toma cuerpo la asimetría del conflicto. Mientras FARC y ELN pueden llenar tales vacíos con grupos armados pequeños, las Fuerzas Armadas deberán emplear efectivos superiores al 7 a 1, proporción aceptada para las guerras irregulares. La carencia de efectivos suficientes constituye la máxima vulnerabilidad del Estado. Sobre todo si, como en el caso de Ralito, el miedo acrecienta la amenaza y el rumor sustituye a la verdad. Lo que ocurrió allí, así lo aprecia el mando militar, fue una acción de tanteo para establecer cuál sería la capacidad oficial para proteger un área crítica. La reacción fue la fuga precipitada de decenas de familias. Rumor que será importante en esta nueva etapa de la confrontación. En la II Guerra Mundial surgió un vocablo fuera de diccionario que tuvo en el Ejército singular vigencia. Snafu. Sirvió para designar todo lo negativo que pudiera derivarse de errores de cualquier tipo, desde la torpeza de un jefe hasta la inoperancia ocasional de los abastecimientos. El aspecto dañino de la palabrita cubrió también al rumor, originado a veces en redes clandestinas del enemigo por afinidades ideológicas de comunismo y fascismo. Fue parte de la guerra sicológica que los nazis emplearon a fondo, ante el rumor requirió una campaña, sicológica también, para desterrar el malhadado vocablo del léxico militar y civil. El snafu-rumor puede jugar papel importante contra las Fuerzas Armadas en diversos campos: opinión pública, temores en zonas donde se están produciendo vacíos de poder, en la dialéctica oposicionista, en reacciones precipitadas ante informaciones desfiguradas por el pavor, que los medios informativos acogen en grandes titulares, contribuyendo así a los efectos perversos del rumor. Serenidad en los poderes públicos y acción sicológica intensa, son la mejor respuesta al snafu.

Fuente: Álvaro Valencia Tovar, general (R) colombiano, en "El Tiempo".

Caquetá, Arauca, Huila y Meta podrían ser los siguientes en la lista. Desvanecido el humo de los más recientes sucesos violentos en Putumayo, es conveniente revisar los hechos y sacar las lecciones correspondientes. Lo que hicieron las FARC en este departamento podría ser el anticipo de una nueva modalidad de acción que intentarían replicar en el futuro en otras zonas del país, y que podría tener preocupantes consecuencias materiales y sicológicas para la seguridad del país. Los voceros gubernamentales deberían terminar de una vez por todas con su cantaleta de que las FARC están derrotadas y en desbandada. Creer que los hechos de Putumayo son el último coletazo de ese grupo guerrillero, es taparse los ojos frente a la realidad y exponerse a lamentables sorpresas. Los hechos muestran otra cosa: teniendo en cuenta los hostigamientos, las emboscadas y los ataques a instalaciones militares y de policía, las FARC pasaron de 536 acciones durante los tres primeros años del gobierno de Andrés Pastrana, a realizar 1.190 acciones durante los tres primeros años de la administración de Álvaro Uribe, es decir, las aumentaron en un 122 por ciento. A veces el exceso de propaganda triunfalista de los círculos oficiales nubla la visión de una realidad que se muestra más tozuda que los esfuerzos de la retórica oficial por ocultarla. En Putumayo las FARC ensayaron con éxito un esquema de sabotaje a escala regional, realizando un gran número de acciones tipo comando, dispersas pero coordinadas, muy propias de la guerra de guerrillas. Así lograron hacer mucho daño con muy bajo riesgo, pues eludieron la confrontación con las Fuerzas Militares. En efecto, en el curso de esa escalada de sabotaje, la guerrilla voló un puente, derribó torres de energía, quemó vehículos e interrumpió el tráfico por carretera. Todo esto ocasionó durante varias semanas desabastecimiento de alimentos, falta de energía eléctrica, paro de transporte y desplazamiento forzoso de población, además de una situación de zozobra y de inseguridad generalizada en el departamento. Las Fuerzas Militares se vieron rebasadas en su capacidad de control territorial frente a una guerrilla ubicua que realizaba ataques de pequeña escala, pero de gran contundencia e impacto sobre las actividades normales de la población del departamento. Se hizo evidente que el Estado aún no ha recuperado la soberanía sobre el territorio y que la guerrilla campea por extensas zonas de Putumayo.  El exceso de confianza llevó una reducción de la actividad militar en la zona durante los años anteriores. La acción de las Fuerzas Militares contra la guerrilla durante el primer semestre del presente año fue la más baja de los últimos tres años, y no es casualidad que ello coincida en el último año con el desarrollo del Plan Patriota que concentró una gran cantidad de fuerza y recursos militares en el sur de Caquetá. Mientras tanto, y en contraste, la guerrilla ha venido fortaleciendo y recuperando su presencia en muchas zonas del departamento. Afectar regiones enteras y provocar parálisis económica, desabastecimiento, apagones, desplazamientos, incomunicación y zozobra generalizada, podría ser la estrategia a aplicar por las FARC en algunos departamentos donde tienen capacidad de hacerlo. La repetición de este modelo de sabotaje económico a escala regional podría apuntar a fomentar las dudas sobre los resultados de la política gubernamental de seguridad. Con esto la guerrilla aspiraría a socavar la imagen de éxito y a disminuir los altos apoyos que tiene el Gobierno entre la opinión pública. Ojalá esto sea asimilado desde ya por el Gobierno como un campanazo de advertencia. Con dos o tres departamentos en la misma situación, podría ser demasiado tarde. Caquetá, Arauca, Huila y Meta podrían ser los siguientes en la lista de departamentos a paralizar, mientras nuestras mejores tropas siguen empantanadas en el Plan Patriota.

Fuente: Alfredo Rangel Suárez