INMIGRACIÓ VS SOBERANÍA DOMINICANA

SOBERANÍA EN REPÚBLICA DOMINICANA

"La situación de los haitianos entre nosotros es muy variada y compleja. Los hay que tienen su documentación en regla y los que no poseen documentación alguna. Los hay que entraron irregularmente y permanecen así. Los hay que ingresaron regularmente por tiempo determinado y que, sin arreglar oficialmente su estado, permanecen irregularmente. Los hay que han entrado con visa de turista y se han quedado en el país irregularmente. Los hay que, hijos de haitianos o de matrimonio haitiano-dominicano, nacieron en el país y al amparo del “ius soli” .permanecen en el país. Los hay (miles) que poseen cédula dominicana, concedida por partidos políticos, y han votado en diversas elecciones. Los hay que vinieron espontáneamente tras el sueño de una vida mejor o quienes vinieron engañados por grupos organizados o personas inescrupulosas, traficantes de angustiados por su situación personal o social. Los hay aceptados oficialmente como exilados políticos o refugiados y quienes entraron al margen de la ley y se consideran tales, sin reconocimiento oficial. Los hay que vinieron contratados legalmente, como individuos o como grupo, por Instituciones oficiales o privadas; o que vinieron contratados ilegalmente por gente nuestra y trabajan al margen de toda ley. 21. Es evidente que, como en todos los grupos humanos, los hay amables, honestos, cumplidores, fieles, pacíficos y laboriosos y los hay pendencieros, altamente agresivos, vagos y delincuentes. Sería ingenuo considerar que todos son como los primeros e injusto pensar que todos son como los segundos. Dada toda esta complejidad, atentan contra los derechos humanos las repatriaciones indiscriminadas. No sólo el modo de hacerlas sino la indiscriminación con que se hacen. 22. El panorama, que hemos propuesto, demuestra el desorden existente, al que urge poner remedio sin aplazamientos. Y hay que comenzar con las complicidades de aquí: consulares, aduaneras, migratorias, militares, policiales, políticas y empresariales; de empleadores de fuerza laboral haitiana ilegal o legal barata sin contratos legales y sin cumplimiento de cuanto exige el Código de Trabajo, en las labores del campo, en la industria azucarera. en el ramo de la construcción, en el sector hotelero y en el comercio formal e informal, aprovechándose de la debilidad institucional del sistema y de la vulnerabilidad jurídica, económica y social de esta fuerza laboral. Para nadie es un secreto el soborno, chantaje, falsificaciones, contrataciones ilegales, recurso a traficantes de personas, nóminas fraudulentas y explotación de tales trabajadores. No tiene sentido que reclamemos a los haitianos sujeción a la ley si los dominicanos somos los primeros en irrespetarla. Los males del desorden descrito se han tornado ya gravísimos y a ellos debe poner suma atención y remedio tanto el gobierno como la sociedad entera. La presencia desmesurada de haitianos, como gente sin empleo o como fuerza laboral barata e ilegal está repercutiendo negativamente en la modernización y mecanización de nuestra agricultura, en la seguridad social, en el irrespeto al Código de Trabajo, en la política fiscal, en la explotación del hombre por el hombre, en el desplazamiento de puestos de trabajo de dominicanos desempleados, en la convivencia pacífica, en el aumento peligroso de desempleo al no responder su presencia creciente a una oferta real de trabajo y en dificultar el despegue nuestro hacia un progreso sostenido. Como buenos vecinos y seres humanos nos duele en el alma la situación humana, social, económica y política en que se debate nuestro hermano país, Haití; una situación que en vez de ir solucionándose, se ha ido deteriorando más y más con el pasar de los años. Es necesario que el mundo sea consciente de esta realidad. Que lo sean, sobre todo, las naciones que desean que nosotros asumamos la solución de Haití. Haití reclama la solidaridad de la comunidad internacional, sobre todo de las naciones opulentas y poderosas, que le ayuden a salir de su postración y es necesario que Haití se deje ayudar, y acepte y haga eficaz esa ayuda generosa. A partir de la independencia el problema fronterizo fue preferentemente por muchos años el fijar la línea divisoria. En vista de las discrepancias existentes no dudaron ambas partes en recurrir en 1895 al arbitraje del Sumo Pontífice que lo era en ese momento León XIII, el Papa de la Rerum Novarum. El Papa rehusó tal arbitraje por los poderes tan limitados que ambas partes le daban el circunscribir su mediación únicamente al art. 4 del tratado de 1874. Por fin el 9 de marzo de 1936 quedó ya zanjado el largo litigio del límite fronterizo. Fue una pena y error gravísimo que ese final del litigio culminase en 1937 con el execrable genocidio haitiano decretado por el Tirano, que mereció la reprobación de todos. Cualesquiera que fuesen las motivaciones fue un crimen inadmisible que, sin duda, permanece vivo todavía en la memoria haitiana y que los dominicanos fuimos los primeros en rechazar y lamentar. 26. Sería un error limitar la cuestión fronteriza a sólo la disputa sobre los límites. Está también el problema del desarrollo fronterizo. Lo tiene muy claro nuestra Constitución que se expresa así, solemnemente, en su artículo siete: “Es de supremo y permanente interés nacional el desarrollo económico y social del territorio de la República a lo largo de la línea fronteriza, así como la difusión en el mismo de la cultura y la tradición religiosa del pueblo dominicano. El aprovechamiento agrícola e industrial de los ríos fronterizos se continuará regulado por los principios consagrados en el artículo 6to del Protocolo de Revisión de 1936 del Tratado de Frontera de 1929 y en el artículo 10mo del Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje de 1929”. Ya Horacio Vázquez se propuso desarrollar la Frontera y creó poblaciones como la de Pedernales. La construcción de la carretera internacional entró en ese plan. Con el fin de desarrollar toda esa zona, Trujillo envió dominicanos y extranjeros (españoles y japoneses) y consiguió que los jesuitas que habían regentado la Universidad Real y Pontificia de Santiago de la Paz y de Gorjón hasta la expulsión decretada por Carlos III, volviesen al país para hacerse cargo de la “Misión fronteriza”. Ellos realizarían una labor encomiable no sólo religiosa sino también de promoción humana con la creación del Instituto Agronómico San Ignacio de Loyola y el Colegio de la Altagracia para muchachas en Dajabón. 27. Dentro del Proceso de concertación sobre Prioridades del Desarrollo Nacional, celebrado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra a lo largo de los años 1999 y 2000, la mesa (amplia y muy representativa) que trabajó el desarrollo fronterizo y las relaciones con Haití, nos ofreció unas ponderadas y serias puntualizaciones que deben ser tenidas muy en cuenta y convertidas en políticas de Estado. Ante todo, las dificultades: la despoblación selectiva (los más jóvenes, educados y emprendedores migran de forma masiva); el bajo nivel y calidad educativa; la infraestructura insuficiente y de mala calidad; la precaria institucionalidad y deficiente Estado de derecho, el lógico autoritarismo militar; la insuficiente capacidad de generar recursos para el financiamiento de su propio desarrollo; la insuficiente capacidad de generar nuevos conocimientos aplicables a los negocios; y la insuficiente capacidad institucional para coordinar acciones desarrollistas y por tanto generar procesos de cambio regional endógenos. 28. No sería correcto planear el desarrollo fronterizo de un solo lado de la frontera, ya que es una región de múltiples complementariedades sub-aprovechadas. La marginalización de las corrientes de modernización y desarrollo es característica de ambos lados de la frontera. Todo lo que se haga, pues, debe tener un enfoque integral del desarrollo y un enfoque binacional. El enfoque integral del desarrollo incluye un enfoque multisectorial, dada la diversidad e interrelación que existe entre los problemas que se deben afrontar; y el enfoque binacional debe ser norma de todas las operaciones que se hagan para desarrollar la zona, dado que su desarrollo obliga por igual a los dos Estados. El plan de desarrollo de la zona fronteriza abarca lo siguiente: regulación del comercio que implica la regulación del intercambio bilateral y la promoción de un acuerdo bilateral de libre comercio con un reglamento claro y trasparente; desarrollo de una infraestructura vial adecuada con la construcción de la carretera internacional y otras carreteras imprescindibles; fortalecimiento de educación, salud, cultura y deporte; cooperación internacional y relaciones Interestatales; proyectos de turismo; viviendas y asentamientos humanos; seguridad fronteriza que fortalezca la administración pública de las distintas oficinas de aduanas y de migración de manera que se comprometa a los funcionarios civiles con un mejor manejo de sus funciones y se les otorgue una mejor remuneración e incentivos por el hecho de estar al servicio en la frontera; desarrollo institucional para la frontera; financiamiento de proyectos de desarrollo fronterizo; desarrollo agroindustrial, industrial y minero; incentivos al recurso humano en la zona fronteriza y la creación de un organismo permanente fronterizo. 29. Somos conscientes de que todo esto exige una fuerte erogación de recursos económicos y humanos de los que no dispone hoy el Gobierno. El no poder, sin embargo, implementar el plan completo no exime el ir desarrollándolo poco a poco, paso a paso, como proyecto de Estado, independientemente del Partido Político que esté en el poder. Es hora ya de que, dejando a un lado resentimientos y prejuicios, caminemos hacia una política de buena vecindad como lo exige, por otro lado, la globalización vigente. Una vecindad que sea positiva y beneficiosa para ambas partes. Esto pasa por proyectos comunes bien delineados, aprobados por ambas partes, y por una buena regulación exigida y cumplida. 30. Ha sido una pena que por el golpe de Estado al Presidente Aristíde en septiembre de 1991, el posterior embargo y la situación conflictiva de Haití se suspendieran los proyectos aprobados por la cuarta Convención de Lomé. Entre esos proyectos está la Hidroeléctrica en el Río Artibonito, los micro-valles en la cuenca del Río Artibonito, las cooperativas comerciales, la carretera Puerto Plata-Juana Méndez, el control aéreo de la región y una estación satélite, los intercambios culturales y la capacitación del recurso humano. La Fronteras no debe ser una zona de trasiego delictivo de droga y armas hacia la República Dominicana ni de refugio de delincuentes en nuestro país, sino un espacio de desarrollo, con suficiente capacidad para generar empleos y oportunidad de vida y educación para la población de ambos lados. Dada la amplitud y complejidad del fenómeno migratorio y el hecho de haberse convertido la República Dominicana de país inmigratorio en país altamente emigratorio a partir de 1961, una vez liquidada la tiranía; y dado el fenómeno de la globalización, es algo increíble y lamentable entre nosotros que la ley vigente de migración haya sido hasta el 2004 la n.95 del 14 de abril de 1939 y su reglamento el N. 279 del 12 de mayo de 1939. La migración es un fenómeno hoy, en tiempos de gran sensibilidad respecto a los derechos fundamentales humanos y de los derechos de los Estados, que reclama una legislación moderna, sabia y justa, que armonice los derechos y deberes de los emigrantes y los derechos y deberes de los Estados. Por eso son muchas las naciones que han ido adecuando sus leyes de migración a la realidad presente. La República Dominicana acaba de hacerlo. Ante todo hay que resaltar que el derecho a la emigración es uno de los derechos fundamentales del ser humano consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Juan XXIII en su Encíclica “Pacem in terris” lo define así: “Ha de respetarse íntegramente el derecho de cada ser humano a conservar o cambiar su residencia dentro de los límites geográficos del país; más aún es necesario que le sea lícito, cuando lo aconsejen justos motivos, emigrar a otros países y fijar allí su domicilio. El hecho de pertenecer como ciudadano a una determinada comunidad nacional no impide en modo alguno ser miembro de la familia y ciudadano de la sociedad y convivencia universal, común a todos los hombres” (n.25) Por su intrínseca y connatural dignidad humana al inmigrante le pertenecen los fundamentales derechos personales, sociales y jurídicos que ninguna sociedad ni estado pueden irrespetar. Respecto a los derechos fundamentales no hay posibilidad de descriminación alguna ni de distinción entre inmigrantes y no inmigrantes. Consciente, sin embargo, que es peligroso hablar exclusivamente de derechos, el Papa advierte, poco después, en la misma Encíclica que “Los derechos naturales (...) están unidos en el ser humano, que los posee, con otros tantos deberes y unos y otros tienen en la ley natural, que los confiere e impone, su origen, mantenimiento y vigor indestructible” (28), “Por eso, quienes al reivindicar sus derechos, olvidan por completo sus deberes o no les dan la importancia debida, se asemejan a los que derriban con una mano lo que con la otra construyen” (30). 33. Aplicando ahora todo esto a nuestro caso, es evidente que el que recurre al derecho de emigrar debe ser consciente de su obligación de someterse a los requisitos y legislación de la nación a la que pretende emigrar. Todo esto supuesto y dado el desorden existente en la inmigración actual, conviene recordar que es al Estado, en cuanto representante y delegado de la sociedad, al que le compete, en cada lugar, ordenar, tipificar los inmigrantes, reglamentar, legislar, vigilar y exigir lo legislado y castigar a los oficiales cómplices de su incumplimiento. Le compete todo esto y está obligado a ello. Al hacerlo deberá tener en cuenta las posibilidades, necesidades y situación de la nación receptiva y prestar especial atención a la inmigración irregular. Respecto a estos últimos, no cabe otra cosa que su regularización o la repatriación. Mientras sin embargo estén en nuestro suelo debe ser respetada escrupulosamente su connatural dignidad humana y también en su repatriación. Somos signatarios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de un conjunto de convenciones sobre el flujo emigratorio y diversos tipos de inmigrantes y responsablemente debemos cumplir con lo aceptado y firmado. No nos compete a nosotros señalar fallas en la promulgación de la nueva ley de migración ni detenernos en diversas deficiencias en ella ni el modo de hacer algunas correcciones si hay que hacerlas. La ley ha sido promulgada y pedimos que sea exigida y observada. Para ello deben ser creados sin demora y deben comenzar a operar eficazmente las instituciones e instrumentos operativos que requiere la nueva legislación migratoria: la comisión nacional de Migración, el Instituto Nacional de Migración y el Reglamento de la Nueva Ley General de Migración. El reglamento exigido puede y debe subsanar vacíos existentes y añadir algunas especificaciones necesarias de la Nueva Ley General de Migración. El recurso a los avances actuales de la Informática será el gran aliado de todas esas instituciones. Urge que la Suprema Corte de Justicia resuelva definitivamente respecto a la inmigración haitiana el conflicto entre el “ius soli” y el “ius sanguinis”, teniendo en cuenta todas las variantes posibles; y que disipe las dudas que puedan existir sobre ciertos puntos. Para que esta nueva ley pueda enderezar el desorden existente en la inmigración haitiana; para que pueda disipar el miedo que algunos tienen de una balcanización del país; para que la modernización de la agricultura no se aplace; y para que el sistema contributivo y el de la seguridad social no sufran detrimento alguno, es necesario que se aplique toda la severidad de la ley a las organizaciones o personas que se dedican delictivamente a la introducción ilegal de haitianos a nuestro país, a los oficiales de migración o del ejército que se dejan sobornar o sobornan a los que desean inmigrar; y a todos los empleadores de la agricultura, industria azucarera, comercio, construcción, industria, servicios y turismo que recurren ilegalmente a la contratación de haitianos irregulares y a todos los que atenten contra lo legislado. Y es necesario también que el Gobierno, respecto a la inmigración haitiana vigile de cerca el cumplimiento de todas las leyes laborales relativas al pago, jornada de trabajo, condiciones de higiene, seguridad, salud, prestaciones sociales y laborales, seguridad social, contratos de trabajo y pensiones; y que vigile también el cumplimiento de las leyes que regulan el trabajo infantil; y de las leyes que garantizan el estado de derecho, la seguridad personal, la libertad de tránsito y el respeto a la integridad física y a la dignidad humana. Si queremos que el mundo nos respete, respetémonos los dominicanos primero. Todo cuanto hemos dicho es obligación del Estado, del Poder Público". Información de Listín Diario (República Dominicana).

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RAFAEL SÁNCHEZ ARMAS

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