El "proceso de paz" del gobierno colombiano y la narcoguerrilla FARC pasa por la creación de 15.000 puestos de trabajo para no dejar "desamparados" a los narcoguerrilleros; la exoneración de su responsabilidad en la reparación económica a las víctimas (secuestradas, desplazadas o asesinadas) y la tipificación como "delito político" del narcotráfico y el secuestro (también lo propuso Álvaro Uribe Vélez en su "acuerdo de paz" con el narcoparamilitarismo) para salvar la negociación entre el Estado fallido colombiano (la impunidad en Colombia roza el 90 por ciento de los homicidios) y el cartel "revolucionario" responsable de tanta barbarie durante años.


El delito político según la Constitución Política colombiana de 1991 (aprobada a instancia del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria durante la presidencia de César Gaviria Trujillo) prohibe la extradición de cualquier colombiano condenado por delito político. Por lo tanto ningún cabecilla de las Fuerzas Armadas Recolectoras de Coca (FARC) podría ser extraditado a Europa o EEUU (donde tanto daño económico y sanitario ha provocado el consumo de drogas) por delito de narcotráfico.


¿Mariano Rajoy se ha vuelto loco? ¿Reconocer el delito "político" de narcotráfico en Colombia y seguir reprimiéndolo en España? ¿Soltar a todos los presos condenados en España por atentar contra la salud pública? ¿La policía ya no multará a los consumidores de hachis en la calle?


El coste del "postconflicto" narcocolombiano (la creación de 15.000 puestos de trabajo y el importe de las indemnizaciones a las víctimas de la narcoguerrilla) se calcula en 36.000 millones de euros, aproximadamente el 90 por ciento del PIB canario. Mariano Rajoy y Rodríguez Zapatero han sido los promotores del "fondo de financiación" de la Unión Europea. Vista gorda con el delito a cambio de negocios e inversiones en Colombia, un mercado de 45 millones de usuarios y consumidores, amén de la explotación de sus riquezas naturales. ¿Cuál será la cuota española del fondo de ayuda a los narcotraficantes colombianos? ¿Ancianos españoles arrojados a la calle y dinero de los contribuyentes españoles para no dejar "desamparados" a los narcotraficantes colombianos? ¿Por qué no paga la oligarquía colombiana dicho coste? ¿Terrminará algún ministro de Mariano Rajoy en el consejo de administración de alguna de las empresas multinacionales españolas? Mariano, necesitas un castigo histórico en las urnas electorales, y quien sabe si procesarte por traición a la patria. La patria no es sólo una bandera, sino la gente, sus derechos constitucionales.



CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA


Artículo 10.- La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.


Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.









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RAFAEL SÁNCHEZ ARMAS

AGENCIA BK DETECTIVES ASOCIADOS

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