CRÓNICAS DE RAFAEL SÁNCHEZ ARMAS

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
1978-2013

En 1998, tras ocho años en guerra (desde la OUJ) contra la corrupción en la política (infiltrada por la mafia de las dudosas concesiones de los servicios municipales de limpieza, recogida de basura y transporte urbano; los dudosos concursos de obras públicas y las dudosas recalificaciones de terrenos rústicos con fines urbanísticos y especulativos); en la magistratura de justicia y en el perriodismo (ora a babor, ora a estribor, porque la manipulación gebbeliana no tiene ideología y los plumillas, tertulianos y garbanceros de "izquierda" y derecha dependen por igual de los fondos de reptiles para meterse algo en la boca a la hora de sentarse a la mesa), murió asesinada mi madre, Juana Sánchez Armas, un crimen todavía impune por venganza de la Mafia.

Todo ocurrió en 1998. Murió asesinada mi madre; el juez estrellado Baltasar Garzón Real clausuró con malas artes el periódico vasco EGIN (donde yo había escrito regularmente desde 1995 sin ningún tipo de censura tras ser repudiado por la prensa timocrática) y el Padrino de Catalunya, Jordi Pujol Soley (socio ora de Felipe González Márquez, ora de José María Aznar López el "regenerador" del Estado de Derecho) rescindió el contrato de arrendamiento en el Hotel d'Entitats (dependiente de la Generalitat de Catalunya) a la Organización de Usuarios de la Justicia. Aprovechando mi nombramiento en la World Security Organization abandoné la "madre patria" (tantas veces madrastra) para seguir triunfando como investigador antimafia porque ser enemigo declarado de las mafias de Estado es ser un triunfador. ¿Cómo si no se puede entender el interés de las mismas por destruirme? Combatir a la Mafia es como tomar un elixir contra la depresión por anteponer la dignidad a la condición de peón miserable en la política, en la magistratura de justicia, en el perriodismo. Panamá, Costa Rica, México, Colombia, Venezuela... En todas partes triunfé como investigador antimafia.

Triunfé en Panamá en el año 2000 cuando la Embajada de España (contrariamente a la gentileza mostrada por las Embajadas de Francia y Alemania) dio la callada por respuesta a mi invitación al I Seminario Internacional sobre Delincuencia Organizada y Corrupción organizado conjuntamente por la Universidad del Istmo y el Centro Internacional de Criminologia; triunfé de nuevo en Panamá cuando la Fundación Ciudad del Saber desestimó el proyecto del Centro Internacional de Criminología en colaboración con la World Secutity Organization y la Escuela Nacional de Policía de Colombia General Santander, entre otras instituciones y personalidades americanas y europeas. ¿Tuvo alguna relación la negativa de la Fundación Ciudad del Saber (dependiente del gobierno de Mireya Moscoso Rodríguez) y la domiciliación en dependencias de la Ciudad del Saber de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo dependiente del gobierno de España? El proyecto encabezado por el Centro Internacional de Criminología pasaba, entre otros objetivos, pasaba por la creación de un Observatorio Mundial del Crimen Organizado (con énfasis en la corrupción de Estado), y por contra la Agencia de Cooperación Española, más prosaica, ha sido desde su nacimiento una herramienta de neocolonización y a veces compadreo con dictadores y regímenes corruptos de África, Asia o América Latina con el pretexto de socorrer a los damnificados de seísmos, maremotos, huracanes.

Triunfé en Venezuela en el año 2004 cuando el entonces agregado del Ministerio del Interior en la Embajada de España en Caracas empleó sus influencias con el director general de la Polícía Técnico Judicial (hoy Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas) en represalia por mi "desobediencia". Paquito en su afán de venganza puso a trabajar, en España, desde la Comisaría General de Información hasta los Mossos d' Esquadra. ¿Qué buscabas Paquito? Ver Francisco Perea Bartolomé.

Triunfé en Colombia en el año 2009 cuando el gobierno de Álvaro Uribe Vélez me traicionó a cambio de las relaciones neocoloniales con la "madre patria". El presunto narco 82 antepuso los intereses de Estado con España a la justicia. Me dejó botado tras la villanía perpetrada por el Consulado General de España en Cartagena de Indias, y tras varios meses de litigio con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia obligué al servicio secreto colombiano DAS (suprimido por el presidente Juan Manuel Santos Calderón por haberse convertido en una guarida de criminales repudiado incluso por la Interpol) a meterme en un avión de Avianca con destino a Madrid. Ni el gobierno de España deseaba mi regreso ni Álvaro Uribe Vélez incordiar a Rodríguez Zapatero. Desde Barajas le mandé un pequeño mensaje a don Álvaro Uribe Vélez: "Arrieros somos y en el camino"...

Triunfé en Las Palmas de Gran Canaria nada más desembarcar en el aeropuerto de Gando y dirigirme a los Servicios Sociales del Ayuntamiento presidido por DON Jerónimo Saavedra Acevedo, una "vaca sagrada" en la colonia (secretario general del PSOE en Canarias; ex ministro en dos ocasiones con Felipe González Márquez; senador; diputado tanto en el Congreso de los Diputados como en el Parlamento de Canarias; presidente del gobierno cipayo de la colonia en dos ocasiones). Menos obispo, DON Jerónimo Saavedra Acevedo ha sido de todo en las "afortunadas" Islas Canarias. ¿Por qué mi regreso a Las Palmas de Gran Canaria y no a Barcelona donde estaba empadronado desde 1973? La guerra por la justicia iba a ser dura, y nada mejor que pelear en la tierra donde me dejó la cigüeña en 1948, año de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

¿Derechos Humanos? Durante seis meses (medio año) estuve sin tarjeta sanitaria por negligencia "tramitológica" de los Servicios Sociales. Hasta el mes de marzo del 2010 no me atendió un médico de cabecera a pesar de haber regresado enfermo de Colombia donde estuve hospitalizado en tres ocasiones en tan sólo tres meses. ¿No acusó en su momento Rodríguez Zapatero a los canarios de racismo y xenofobia por su oposición a la superpoblación en las Islas Canarias con nefastas consecuencias para los derechos laborales de los "autóctonos" (derechos menguados hasta la extenuación por la masiva importación de mano de obra barata) y la conservación de la naturaleza? "Los inmigrantes son seres humanos" -dijo el veraneante Rodríguez Zapatero. ¿Quién afirmó nunca lo contrario? Pero ¿derechos humanos para unos y no para todos? No merece la pena detallar cada una de las vilezas perpetradas contra mí por los "socialistas" hasta su derrota en las elecciones municipales por mayoría absoluta. Casi un año y medio estuvo DON Jerónimo Saavedra Acevedo tragando saliva (por llamarlo yo "capo del Partido del GAL", aquella banda de sicarios parapoliciales creada a la sombra del puño y la rosa del PSOE), simulando no darse por enterado. Pero con el horizonte electoral negro como Kunta Kinte quiso darme un escarmiento y echó mano de la jueza Victoria Rosell Aguilar, compañera de alcoba del periodista Carlos Sosa Báez, ex jefe de Prensa (o propaganda) del PSOE en Canarias.

4 de marzo del 2011. Salvador García LLanos, director del gabinete del alcalde DON Jerónimo Saavedra Acevedo, se presentó en la Jefatura Superior de Policía de Canarias, a sus órdenes en el año 2008 cuando ostentaba el mando de la Delegación del Gobierno de Rodríguez Zapatero en el archipiélago. En el Grupo de Delitos Tecnológicos lo recibieron entre algodones. Este hijo de la isla del oeste me denunció por "causar grave perjuicio a la imagen del Excelentísimo Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, así como del Alcalde". Presentó como "prueba" el siguiente documento, publicado en mi dominios agenciabk.net, rafaelsanchezarmas.com y agenciabk.com ¿Por qué la policía aceptó la denuncia en la Jefatura Superior de Policía cuando los denunciantes comunes han de hacerlo en una comisaría normal y corriente? Empezaba el rosario de casualidades. La siguiente casualidad ocurrió cuando las diligencias policiales fueron remitidas a la "Autoridad Judicial a los efectos que por la misma se consideren oportunos". ¿Quién estaba de guardia en el Juzgado de Guardia? Oh, casualidad, la jueza Victoria Rosell Aguilar. La casualidad dejó de serlo cuando la titular del Juzgado de Instrucción número 8 se quedó las Diligencias Previas en vez de mandarlas al Juzgado Decano para su posterior reparto. Por hacer algo parecido una jueza de Madrid recientemente ha sido condenada por prevaricación. La diligente Victoria Rosell Aguilar dio órdenes inmediatas de ser yo interrogado por la policía. Tres horas permanecí en la Jefatura Superior de Policía esperando la comparecencia del abogado de oficio para servir de testigo en mi declaración. "Con la de trabajo que tienen ustedes en la calle, y sin embargo aquí perdiendo el tiempo conmigo" -dije en una ocasión. "El chivatazo a ETA pendiente de su esclarecimiento y ustedes entretenidos conmigo" -dije en otro momento. "La mafia política robando impunemente y ustedes perdiendo el tiempo con esta bobería". No volvieron (para disculparse por la demora del abogado ocupado en un asunto urgente en el otro extremo de la isla) hasta la llegada del mismo. Aquellos policías sintieron vergüenza por ser burdamente utilizados en un caso de persecución política.

Pasaron los meses y en septiembre de ese mismo año la jueza Victoria Rosell Aguilar requirió mi presencia en el Juzgado de Instrucción número 8. La comparecencia la hice ante un juez auxiliar y una oficial haciendo de secretaria, una ilegalidad manifiesta. De un plumazo el procedimiento quedó nulo de pleno derecho, y así se lo hice saber con posterioridad a Victoria Rosell Aguilar en una de mis crónicas. Esta "pequeña" anécdota me recordó mi trabajo en la Organización de Usuarios de la Justicia. El mago Felipe González Márquez había nombrado ministro de Justicia a Rasputín (Juan Alberto Belloch Julbe), y éste ordenó la instalación de relojes en las oficinas judiciales para controlar el absentismo y la impuntualidad en la Administración (o inadministración) de Justicia, uno de los caballos de batalla de la Organización de Usuarios de la Justicia (el horario oficial de la oficina judicial iba desde las ocho de la mañana hasta las tres de la tarde de lunes a viernes, treinta y cinco horas semanales, pero ni a las nueve habían llegado todos los jueces y funcionarios ni a las dos de la tarde quedaba ni el gato). Los jueces y secretarios judiciales de Barcelona se opusieron porque ellos no dependían administrativamente del Ministerio de Justicia, sino del Consejo General del Poder Judicial. El sindicato "comunista" Comisiones Obreras saltó a la palestra y empapeló los pasillos de los juzgados y tribunales con una circular donde amenazaban con no seguir delinquiendo si únicamente los funcionarios (oficiales, auxiliares y agentes) iban a ser los "paganos" de la orden del Ministerio de Justicia. ¿A qué se refería el sindicato "comunista" de Comisiones Obreras? Pues que tradicionalmente en la oficina judicial los funcionarios han ejercido funciones ilegales (con el consentimiento delicitivo de los jueces) como, por ejemplo, tomar declaraciones a los testigos e imputados, facultad exclusiva de los jueces. De ahí que, cuando en mi comparecencia en el Juzgado de Instrucción número 8, apareciera aquello de "Ante SS con mi asistencia como Secretario/a Judicial comparece el arriba anotado", firmara sin rechistar, para acto seguido pedir una copia, donde no aparecía la firma de su SS Victoria Rosell Aguilar. ¿Aparecer posteriormente como suele ocurrir por desconocimiento de los ciudadanos y la complicidad de los abogados? Actuación nula de pleno derecho mi comparecencia porque la jueza no iba a atreverse a seguir con el procedimiento bajo apercibimiento de ser denunciada por falsedad en documento público (delito tipificado en el artículo 390.3 del Código Penal) por fingir su intervención en la comparecencia. Un canario separatista víctima de la persecución (separatista para separar el grano de la paja, la paja siempre de parte de los canarios), y el "movimiento separatista" canario en busca y captura, sin capitalizar mi guerra por los Derechos Humanos frente a una jueza de Valladolid con vitola "progresista" (delegada en Canarias de Jueces para la Democracia). Victoria Rosell Aguilar siguió inamovible (como el Rey) en la patria de Doramas.

Además de la nulidad de pleno derecho de mi comparencia, y por lo tanto del procedimiento incoado a raíz de la visita a la Jefatura Superior de Policía del testaferro de DON Jerónimo Saavedra Acevedo, dos ases más guardaba yo en la bocamanga. Uno, solicitar la comparecencia en calidad de testigo de DON Jerónimo Saavedra Acevedo (para preguntarle si conocía la denuncia, y por lo tanto ofrecerle la oportunidad de calumniarse personalmente en vez de mandar a un recadero) y otro aportar el testimonio de Ángel Jesús Acebes Paniagua, publicado en La Vanguardia, sobre DON Jerónimo Saavedra Acevedo y la banda terrorista GAL. Victoria Rosell Aguilar, contra las cuerdas, dejó pasar el tiempo y finalmente archivó las Diligencias Previas.

Casi paralelamente a la iniciativa del "estado mayor" del seudosocialismo grancanario buscando sin duda la suspensión judicial de mis dominios en internet (y por lo tanto mutilar mi derecho de expresión) y meterme en la cárcel por la osadía de no respetar a la Honorable Sociedad en su feudo, el cibersicariato del narcoparamilitarismo colombiano orquestó contra mí una brutal campaña de difamación a través de internet (google, twitter, facebook) por mi humilde interés en hurgar sobre la impunidad del paramilitarismo en la cúpula política. El 11 de julio del 2012 presenté una denuncia en el Juzgado de Guardia de Las Palmas de Gran Canaria, que, tras el correspondiente reparto en el Juzgado Decano, recayó en el Juzgado de Instrucción número 8, donde, el juez temporalmente sustituto de Victoria Rosell Aguilar, Alberto Puebla Contreras, dictó el siguiente auto de archivo:

HECHOS

ÚNICO.- De la anterior denuncia, en un principio pudiera pensarse en la posible comisión de un hecho delictivo, por lo que procedería a la incoación de diligencias previas, conforme al artículo 774, en relación a los artículos 769 y 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. No obstante, examinadas de nuevo las actuaciones y a la vista de lo practicado procede concluir que no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que motivó la formación de la causa, por lo que procede declarar terminada la misma y acordar el sobreseimiento provisional de aquélla, conforme al número 1 del artículo 641 de la LECr, en relación con el artículo 779.1.1 de la misma ley remitiendo las actuaciones al Ministerio Fiscal a los efectos y por el término señalado en el último párrafo del artículo.

PARTE DISPOSITIVA

INCÓENSE DILIGENCIAS PREVIAS, dándose el parte prevenido al Ministerio Fiscal y, al mismo tiempo, SE DECLARA terminado el procedimiento y se SOBRESEE PROVISIONALMENTE el mismo, con reserva de acciones civiles o administrativas conforme los datos, declarándose por ahora las costas de oficio. Remítanse las actuaciones al Ministerio Fiscal a los efectos y por el término señalado en el último párrafo del artículo 779 de la LECr.

Esta resolución no es firme y frente a ella cabe recurso de reforma y/o de apelación en ambos efectos, que ha de interponerse ante este Juzgado en el plazo de TRES/CINCO días respectivamente.

Un montón de perfiles falsos abiertos con mi nombre y fotografía con fines denigratorios y tanto el juez Alberto Puebla Contreras como el fical Miguel Pallarés Rodríguez no lo consideraron delito. ¿Quién ha dicho que los siguientes epítetos son delito?

"Pedófilo, violador de mujeres, proxeneta, narcotraficante, ex presidiario, homosexual, delincuente, enfermo mental, prófugo de la policía española, buscado por la Interpol, perseguido por el FBI, hijo de una esquizofrénica, socio de Pablo Escobar, novio del periodista colombiano Héctor Fabio Cardona, hijo de una prostituta, encarcelado en Costa Rica por narcotráfico, terrorista del GAL, hijo de una perra española que murió loca en un geriátrico".

¿Podría decirle yo todo eso a Alberto Puebla Contreras y a Miguel Pallarés Rodríguez impunemente? Hasta el 19 de octubre (tres meses despues de la denuncia) el Colegio de Abogados no me designó abogado y procurador de oficio para interponer el correpondiente recurso de reforma y subsidiariamente de apelación. Lo hizo el abogado Antonio González Yago con fecha 8 de noviembre. Texto del recurso:

Que en el procedimiento penal identificado, con fecha 1 de agosto, se ha notificado a esta parte resolución, no exceptuada de recurso en la Ley, en la que se dispone que "se declara terminado el procedimiento y se SOBRESEE PROVISIONALMENTE el mismo".

Lo resuelto vulnera lo dispuesto en el Código Penal y más concretamente en el Título VI, Capítulo II y III, relativo al delito de Amenazas y Coacciones, así como lo dispuesto en el Título XI, relativo al delito de injuria, y es por ello que no es ajustado a Derecho, contraviniento los intereses de mi representado, por lo que, dentro del plazo legal y con las formalidades procesales requeridas (art. 211 y 221 de la LECrim) se interpone RECURSO DE REFORMA Y SUBSIDIARIAMENTE DE APELACIÓN contra la resolución identificada, con base en las alegaciones siguientes:

Que dado que don Rafael Juan Sánchez Armas ha venido desarrollando durante una larga temporada labores de investigación sobre el narcoparamilitarismo colombiano, es lo que en la actualidad, y en especial a partir de mayo de 2011, le ha venido ocasionando distintos episodios de acoso cibernético, e incluso de suplantación de identidad.

Que damos por reproducido tanto su escrito de denuncia, donde se recogen datos y numerosas páginas que plasman la situación descrita, así como los documentos que se adjuntan como reflejo de esa campaña de descrédito para así minusvalorar su labor en la publicación de numerosos artículos en relación al narcoparamilitarismo y el crimen organizado en Colombia.

Y es por ello por lo que, entendido que existen indicios evidentes de la comisión de diversos delitos, procedería a la incoación de diligencias previas, no acordándose el sobreseimiento provisional".

La otrora diligente Victoria Rosell Aguilar (recuerden que en 24 horas ordenó a la policía mi localización para interrogarme sobre la denuncia del testaferro de DON Jerónimo Saavedra Acevedo) se lo tomó con mucha pachorra. ¿Casualidad o algo más? Hasta en dos ocasiones me quejé al Consejo General del Poder Judicial por dilación indebida. Cuatro meses después de recurrido el auto de archivo la jueza se abstuvo de conocer la causa y le dio traslado al juez Florencio Barrera Espinel. Tres jueces para (no) resolver una denuncia por injurias y calumnias. ¿Qué hizo el tercer magistrado tras una nueva queja ante el Consejo General del Poder Judicial? Rechazar el recurso por haber sido presentado fuera de plazo. ¿Fuera de plazo? Florencio Luis Barrera Espinel acusaba a mi abogado de haber presentado el recurso fuera de plazo, pero él necesito dos meses, y otra queja ante el Consejo General del Poder Judicial para cumplir con el deber de una justicia sin dilaciones. Veinticuatro horas pasaron entre la última respuesta del Consejo General del Poder Judicial y la redacción del auto desestimatorio. El abogado Antonio Rafael González Yago me comunicó lo siguiente:

"La intención no es otra que tratar de no pronunciarse, tratando de probar que el recurso esta fuera de plazo. Cosa curiosa cuando en su día se admitió a trámite y nada se cuestionó si estaba fuera o dentro de plazo".

Alberto Puebla Contreras dictó auto de archivo; Victoria Rosell Aguilar no se pronunció sobre el recurso (astutamente se quitó del medio) y Florencio Barrera Espinel rechazó el recurso por "extemporaneidad". Bonito ¿no? Contra la desestimación del recurso sólo quedaba interponer el recurso de queja. ¿Por qué no lo firmó el abogado Antonio González Yago? En cuatro ocasiones durante diez días le pregunté si pensaba presentarlo o no. Acorralado, terminó confesando:

"No voy a interponerlo, mi designación en este asunto como abogado del turno de oficio, es para la interposición de recurso de apelación en Diligencias Previas".

¿Cómo? ¿Desde cuándo la designación de oficio de un intermediario procesal es susceptible de dejar a medias el derecho a la defensa del justiciable? Esta reacción, digna de escándalo, me recordó mis viejos tiempos en la Organización de Usuarios de la Justicia. Teníamos dos objetivos primordiales. Uno, el desarrollo de la Ley del Jurado Popular (para juzgar a los jueces procesados por corrupción, y no como se ha hecho toda la vida dejando en sus manos la responsabilidad de juzgar a sus colegas, hoy por ti y mañana por mí), y dos la supresión optativa de los intermediarios procesales (abogados y procuradores) en cualesquiera de los órdenes jurisdiccionales. ¿Por qué se ha de obligar a un justiciable a ser defendido por un abogado incapaz, negligente o falto de redaños? Nunca olvidaré aquella anécdota. Uno de los abogados en la sombra de la Organización de Usuarios de la Justicia fue designado de oficio para representarnos en un asunto contra un juez. En el órgano judicial en cuestión recibió la orden de rechazar el caso por "insostenible" para dejarnos con la popa a la intemperie. Sin abogado no había caso, no hubo caso.

¿Ante quién recurrir frente a la incapacidad, negligencia dolosa o cobardía de un abogado? ¿Qué justicia es esa basada en el monopolio de la abogacía sin responsabilidad? ¿Denunciar ante los colegios de abogados? El 29 de mayo, una semana después de la negativa del abogado Antonio Gonzalez Yago, domiciliado en la calle León y Castillo, número 31, en Las Palmas de Gran Canaria, a interponer el recurso de queja (para que las actuaciones pasaran a la Audiencia Provincial con el fin de respetarse el principio de la doble instancia consagrado en la Constitución Española) presenté el siguiente escrito en el Colegio de Abogados de Las Palmas. Más de cuatro meses esperando la siguiente resolución:

En relación al expediente tramitado en esta Corporación, en virtud de queja presentada por usted, le participo que la Junta de Gobierno de este Colegio, en sesión celebrada el día 18 de septiembre pasado, adoptó la siguiente resolución:

9.- Por La Comisión se informa a la Junta de Gobierno del escrito de queja presentado por don Rafael Juan Sánchez Armas, beneficiario de justicia gratuita, contra el letrado don Antonio Rafael González Yago, dando lugar a la apertura del Trámite de Audiencia 138/2013. Por el señor Sánchez Armas manifiesta la falta de interés y dejación demostrada por el letrado en la tramitación del recurso de queja contra el auto desetimatorio denegando la interposición del recurso de queja (donde dice queja debe decir reforma), y subsidiario de apelación por extemporaneidad. Por su parte el letrado nos manifiesta que en todo momento le ha dispensado un trato profesional intachable, informándole desde un primer momento que el recurso de apelación estaba fuera de plazo, y que la denuncia origen del auto de archivo no tenía posibilidades de prosperar. No obstante, el letrado accede a la interposición del recurso de apelación, el cual es denegado por extemporaneidad, sin que proceda la interposición del recurso de queja contra el mismo ya que se encuentra correctamente fundamentado, no causando indefensión al justiciable en ningún momento.

A la vista del contenido de la queja y de las alegaciones de las partes, se desprende la existencia de versiones contradictorias que llevan a considerar los hechos con cautela, no pudiendo apreciarse por ello de la conducta del letrado indicios suficientes que pudieran dar lugar a la apertura del correspondiente expediente disciplinario. Por todo ello, procede considerar el derecho a la presunción de inocencia recogido en el artículo 5 del vigente Reglamento de Procedimiento Disciplinario, derecho que no puede considerarse conculcado y por tanto proponer a la Junta de Gobierno el archivo de las actuacions sin más trámite.

La junta hace suya la propuesta de la comisión y acuerda el archivo de las presentes actuaciones sin más trámite.

Lo que le comunico significándole que contra esta resolución podrá interponer recurso de alzada ante el Consejo Canario de Colegios de Abogados dentro del plazo improrrogable de un mes de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Reglamento de Procedimiento Disciplinario".

Qué miedo debo suscitar entre muchos "demócratas" para ser tratado como estoy siendo tratado por el presunto Estado de Derecho democrático (recuerden que las dictaduras también se constituyen en Estados de Derecho, derecho no democrático). Treinta y cinco años soportando el presunto Estado de Derecho democrático después de cuarenta años del Estado de Derecho franquista (el régimen de Franco también creaba leyes de obligado cumplimiento). Voy a dejar para más tarde la respuesta a la resolución de la Junta de Gobierno del Colegio de Las Palmas de Gran Canaria porque es necesario profundizar antes en el presunto Estado de Derecho democrático español.

La Organización de Usuarios de la Justicia nació a principios de la década 1990 para combatir la corrupción en los estrados judiciales con la complicidad de no pocos abogados empleados como cortafuego entre la justicia y la presunta justicia para no hacer justicia. Muchos casos de corrupción impune. Muchos casos de gran corrupción y muchos casos de pequeña corrupción. Voy a recordar sólo dos casos, uno grande y otro menor (pero significativo por la impunidad del presunto Estado de Derecho democrático). Empezaré por el pequeño. El "caso del huevo" sucedió en el Juzgado de Instrucción número 5 de Granollers. Aunque el caso iba de huevos lo juzgó una jueza. ¡¡Qué huevos!! Condenó a un parroquiano con 25.000 pesetas "por arrojar un huevo contra la puerta de un vecino". ¿Pruebas? La palabra de uno contra la del otro, pero como a juicio de la jueza la palabra de uno valía más por ser una persona influyente en Granollers, pues inclinó la balanza de la justicia contra el otro. El "caso del huevo" nos lo tomamos en serio en la Organización de Usuarios de la Justicia. El juicio se celebró ya prescrita la falta, pero no prescrita un mes ni tres ni seis. Más de un año entre el pretendido "huevazo" y la celebración del juicio. Molesta la persona influyente porque el "huevazo" (sin huevo) no diera fruto por despiste de los funcionarios del juzgado, movió los hilos para removerlo. El denunciado recibió la citación a juicio. En vez de discutir sobre la veracidad o no del "huevazo" alegó la prescripción de los hechos. ¿Quién ha dicho que una jueza no puede tener un par de huevos? El "caso del huevo" no había prescrito a juicio de la jueza porque alguien había redactado un montón de "providencias de relleno" (como se llama en el argot de la mafia la prolongación artificial de un caso prescrito). Todas las "providencias de relleno" se extendieron el mismo día, con el mismo bolígrafo y por la misma persona. ¡¡Qué huevos!! Aquel funcionario anónimo en cinco minutos retrocedió en el tiempo hasta encadenar la víspera de la primera prescripción con la siguiente, y así una tras otra todas las "providencias de relleno" hasta "resucitar" el caso por completo. El denunciado aceptó comparecer a juicio, y la jueza sin huevos lo condenó a pagar 25.000 pesetas de multa. Examinada la sentencia le aconsejamos no pagar ni un duro. Entonces la jueza presuntamente sin huevos lo amenazó con varios días de arresto domiciliario. Le aconsejamos recurrir. Se armó la de Troya porque aquella presunta servidora del presunto Estado de Derecho democrático no estaba acostumbrada a hacer justicia, sino apaños disfrazada con toga y puñetas. Casi un año estuvo nuestro patrocinado yendo y viniendo. Recursos van, recursos vienen. La jueza del "caso del huevo" terminó bajando cabeza porque en un Estado de Derecho democrático no se permite la doble sentencia; hoy una y mañana otra distinta. En la primitiva sentencia se olvidó de añadir como pena subsidiaria el arresto domiciliario, y por lo tanto el condenado por el "caso del huevo" tampoco cumplió ni un minuto de arresto en su domicilio. Más tarde denunciamos a la jueza ante la Fiscalía General del Estado por la falsificación de las "providencias de relleno", pero una cosa es el Estado de Derecho democrático y otra bastante distinta el Estado torcido o de desecho.

El nombre de la Organización de Usuarios de la Justicia empezó a correr como un reguero de pólvora en los cuatro puntos cardinales patrios. La revista "Pronto" (un millón de ejemplares de tirada cada semana) me entrevistó, y en menos de un año presentamos una denuncia en el Tribunal de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra con el aluvión de casos recibidos. Un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (más tarde nombrado director de la Escuela Judicial en Barcelona) me citó en su despacho. Hablamos de fútbol, mujeres y justicia. Me propuso integrarme en la Administración de Justicia como funcionario designado a dedo (sin título universitario de derecho ni oposición ganada a pulso). "Su valioso trabajo donde mejor podrá desarrollarlo es dentro del sistema, no fuera. Necesitamos gente como usted". ¡¡Ya coño!! Me cogió bastante crecidito y desestimé su propuesta. ¿Quién me garantizaba que más tarde no iban a tenderme una trampa? Recuerdo el caso de una funcionaria afiliada a la Central Sindical Independiente de Funcionarios (sindicato donde yo entraba y salía como Pedro por mi casa por la vinculación de varios dirigentes al Partido de Acción Socialista, integrado, entre otros, por Pablo Castellano Cardalliaguet y Alonso Puerta Gutiérrez, partido del cual fui presidente durante quince días en la Agrupación de Barcelona). Estaba bien formada de la cabeza a los tobillos, tremenda hembra en minifalda. Un juez sustituto, nada más desembarcar en el juzgado, empezó a soñar con aquella rubia entre sábanas. Funcionaria polivalente (hacía de oficial, auxiliar y agente, todo a la vez, perpetrando un montón de delitos por incompatibilidad de funciones con la venia de la superioridad) se pasaba mucho tiempo en la fotocopiadora. El señor juez también con el pretexto de rozarse, agarrarla por la cintura, dedicarle piropos encendidos. Como no le hizo caso, y para curarse en salud ante la perspectiva de ser denunciado por acoso sexual, el señor juez metió un expediente caducado en la mesa de trabajo de la funcionaria, y acto seguido levantó acta por un delito de infidelidad en la custodia de documentos.

El caso grande, protagonizado por la mafia del 3,5 per cento di commissione (cuya investigación jamás emprendió la Fiscalía General del Estado, primero a las órdenes del gobierno de Felipe González Márquez y después bajo la batuta del gobierno del "regenerador" de la justicia José María Aznar López), pasó a la historia de la corrupción urbanística con el nombre de "Terrassa Conection".

Conocí a José Artés Alarcón frente a la Generalitat de Catalunya, donde cada día se manifestaba en compañía de una enorme pancarta. Cada mañana sumaba nuevos mensajes, un batiburrillo. Le ofrecí el apoyo de la Organización de Usuarios de la Justicia. Se presentó en el Hotel'Entitats La Pau (dependiente de la Generalitat de Catalunya) y dudó entre franquear la puerta o seguir de largo. "No tenemos ninguna relación con el Padrino" -dije. "Pero como a la entrada del edificio vi la bandera catalana y el escudo de la Generalitat de Catalunya, pensé que"... Cuando se despidió ya habíamos acordado el plan de trabajo. Primero simplificar los mensajes de la pancarta y segundo presionar a la mafia hasta la resolución favorable del caso.

El caso "Terrassa Connection" dio mucho juego en Barcelona, incluso terció en una de las campañas electorales. José Artés Alarcó, a bordo de su automóvil andaba de la ceca a La Meca con un letrero en la baca del vehículo y con un megáfono denunciando su caso. Una patrulla de la Guardia Urbana lo interceptó en el Paseo de Gracia. Permiso de conducir; revisión de la ITV; póliza de seguro. Todo estaba en regla, pero los policías municipales no querían marcharse con las manos vacías. "¿Ha pagado ya el impuesto de publicidad?" -preguntó un agente. "¿Qué publicidad?" -respondió José Artés Alarcón. "Ese cartel que lleva en la baca". "No es publicidad comercial, sino la denuncia de mi caso". "Pues vamos a tener que intervenir el vehículo" -respondió un segundo agente llamando por teléfono a la grúa. José Artés Alarcón en un periquete sacó una cadena de muchos eslabones y se ató a su coche. En ese momento pasó una patrulla del Cuerpo Nacional de Policía. José Artés Alarcó le hizo un ademán. "¿Qué está pasando aquí?" -preguntó un policía nacional. "¿Qué hace este señor encadenado? "¡¡Se amarró por su propia voluntad!!" -respondió uno de los policías municipales. La intervención del Cuerpo Nacional de Policía resultó providencial porque la patrulla de la Guardia Urbana desistió de intervenir el vehículo de José Artés Alarcón.

Todo empezó cuando el Ayuntamiento de Terrassa, a la sazón presidido por Manel Royes Vila (sustituido en el año 2002 por Pere Navarro Morera hoy "gurú" del PSC), incumplió la normativa urbanística edificando una plaza por encima de la altura permitida. La plaza se levantaba sobre la construcción de un garaje de 200 plazas promovido por ADIGSA, empresa dependiente de la Generalitat de Catalunya, en un terreno donado por un particular en tiempos de Franco para la edificación de viviendas sociales. Se murió Franco y el terreno pasó a manos del gobierno de Jordi Pujol Soley, un traspaso de la democracia orgánica a la democracia inorgánica para no cumplir el testamento del donante.

La tienda del fotógrafo José Artés Alarcón quedó sin apenas visibilidad, con grave perjuicio para la continuidad del negocio. Empezó a protestar, primero delante del Ayuntamiento de Terrassa y después en la plaza de Sant Jaume, entre la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona. Inicialmente los ataques más duros fueron para el PSC-PSOE, pero la muchachada del GAL, Filesa, Algarrobo, no se quedó de brazos cruzados. Lo denunciaron por atentar contra la memoria de Pablo Iglesias y la honradez del partido. Solicitaron ocho meses de cárcel; un millón de pesetas (6.000 euros) de indemnización y 200.000 pesetas de multa. Sin embargo no se trataba sólo de una guerra contra el seudosocialismo, sino contra la mafia catalana del 3 por ciento de comisiones. El concurso para construir el garaje recayó en una empresa relacionada con gente de CIU. ¿Quiénes formaron el jurado del concurso? Varios directores generales de la Generalitat de Catalunya; el presidente de una asociación de vecinos (más tarde candidato por CIU a las elecciones municipales) y un representante del Ayuntamiento de Terrassa. Un jurado plenamente democrático. ¡¡Pero!! También figuraraba un "fantasma", una persona cuyo nombre jamás apareció en ningún padrón de la comarca. Sólo el periódico "El Triangle" se hizo eco del extraño jurado. Vean el desenlace del caso del "Jurado Fantasma".

Por segunda vez me enfrentaba a los muchachos de Jordi Pujol Soley. La primera ocurrió en 1992, cuando revelé públicamente un proyecto de CiU para quitarle la alcaldía de Barcelona a Pasqual Maragall Mira. Según me contó el presidente de la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos del Distrito de Sant Martí, Artur Mas Gavarró (entonces presidente del Grupo Municipal de CIU en Barcelona) dispuso 20 millones de pesetas para la creación de una plataforma electoral "independiente" organizada con retales del PSC-PSOE (entre los cuales estaba el presidente de la Coordinadora de Sant Martí) y un grupo de onegeneros paniaguados. "Quiero que me ayudes a ser concejal de Barcelona. Te nombraré vocal de Justicia de la Coordinadora con plenos poderes". Consulté a mi "consejo de gobierno" en la sombra y me dieron carta blanca. "Acepto tu ofrecimiento, pero sólo estaré bajo tus órdenes. No cruzaré ni media palabra con tu Junta Directiva". "Estoy de acuerdo, son unos ignorantes muertos de hambre. Pero los necesito en la Coordinadora". ¡¡Pobre Constantí!! Metió la zorra en el gallinero sin pensarlo dos veces. Aquel episodio me trajo graves consecuencias en la prensa timocrática catalana. Ni la prensa pro CIU ni la prensa pro PSC-PSOE se fiaban de mí (no defendía ni a unos ni a otros, sino la independencia de la Organización de Usuarios de la Justicia), y entré en período de hibernación, se impuso la omertá. El nombre de la Organización de Usuarios de la Justicia desapareció de los periódicos, la radio y la televisión, aunque "El Periódico de Catalunya" (dirigido en aquella época por Antonio FRANCO Estadella) en dos ocasiones publicó sendas noticias generadas por la Organización de Usuarios de la Justicia, pero sin mencionar la fuente. ¡¡Cosas del "periódico rojo" de Antonio FRANCO Estadella!! FRANCO incluso tuvo un perro de nombre Paco (como dice el refrán todos los caminos conducen a Roma). Tremendo aquel periódico "popular, progresista y plural".

Repudiado por los plumillas, tertulianos y garbanceros de la prensa timocrática, en el año 1995 empecé a escribir en el periódico vasco EGIN. Jamás me censuraron ni una coma. Dejamos de publicar el boletín de la Organización de Usuarios de la Justicia porque no lo necesitábamos teniendo aquella plataforma mediática tan fabulosa. El enemigo lo comprendió y dio un paso más contra la justicia. Intentaron relacionarme con unas amenazas vertidas en unos panfletos repartidos en los juzgados de Barcelona. La prensa timocrática no se conformaba sólo con haberme silenciado; ahora apadrinaba una campaña de bulos a media voz e infundios procedentes de "fuentes fidedignas". La prensa fascista es terrible, pero la prensa de "izquierda" (tan sectaria como la prensa fascista) es doblemente condenable. De ahí mi aversión a la denominada prensa "roja" o progresista. El periodismo no tiene color, no debe tener color, y menos compartir despacho con el poder político como he descubierto en la siciliana ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

Antes de la rescisión "manu militari" del contrato de arrendamiento, por parte de la Generalitat de Catalunya, la Organización de Usuarios de la Justicia convocó sendos debates, uno sobre la descolonización de Ceuta y Melilla y otro sobre la Alternativa Democrática de ETA. El primero tuvo lugar en 1995 aprovechando la celebración en Barcelona de la Conferencia Ministerial Euromediterránea. ¡¡Bendito sea Dios!! El Padrino ordenó retirar su fotografía y cualquier símbolo de la Generalitat de Catalunya en la sala de conferencias del Hotel d'Entitats La Pau. Nunca se había celebrado un "evento" de semejante magnitud en España y las autoridades catalanas estaban temerosas por las amenazas recibidas en la centralita de teléfonos. Una cosa son los negocios con Marruecos y otra el compromiso con su reivindicación de Ceuta y Melilla. ¿Qué papel jugó el CESID? Para ser medianamente sincero, bastante. Sin la participación del predecesor del Centro Nacional de Inteligencia no se hubiera podido reunir la primera "célula de reflexión" hispanomarroquí. Uno de los participantes (que prácticamente movió todos los hilos a un lado y otro de la frontera) se puso en contacto conmigo haciéndose pasar por un escindido del PSOE. Trabajaba en la Administración del Estado en Ceuta, y desde su oficina me telefoneaba sin tapujo alguno. ¿Conspirando tranquilamente desde su puesto de trabajo? ¿Trabajaba en realidad para el CESID con la finalidad de intentar descubrir mis planes y contactos relacionados con aquella inesperada conferencia sobre la descolonización de Ceuta y Melilla? Durante varias semanas la prensa de los enclaves publicó una montaña de quejas contra el Padrino, por separatista, e insultos contra mí tras haber descubierto mi antigua militancia en el MPAIAC (Movimiento para la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario). ¡¡Virgen Santa cómo me pusieron!! Pero la sangre no llegó al río Besós (más cerca de la Organización de Usuarios de la Justicia que las aguas del río Llobregat) y se pudo celebrar la reunión de la primera "célula de reflexion" hispanomarroquí. Vean la histórica fotografía.

El segundo acontecimiento tuvo lugar en 1996 con la participación de un dirigente de Herri Batasuna. En esa oportunidad el Padrino no dio ninguna orden sobre los símbolos patrios catalanes. La fotografía de Ion Idigoras, preso por orden de Baltasar Garzón Real, aparecía junto a la fotico institucional de Jordi Pujol Soley. En aquel debate se habló de una previsible tregua de ETA. Se produjo en 1998 e inmediatamente el gobierno de José María Aznar López y el Movimiento Vasco de Liberación Nacional dieron paso a la negociación respaldada por mucha gente dentro y fuera de España. Los pitufos del PNV pararon de atravesar palos en la rueda, y ETA volvió a ser la coartada de unos y otros porque sin bombas ni tiros Herri Batasuna (Sortu, Bildu, Amaiur) es imbatible electoralmente.

Pero volvamos con el señor abogado Antonio González Yago. ¿Cuándo no cumplió con su deber? ¿Cuando presentó el recurso por los "indicios evidentes de la comisión de diversos delitos" o cuando se defendió ante el Colegio de Abogados diciendo que dicho recurso no iba prosperar? ¿Por qué no iba a prosperar si en el recurso mencionó el Título VI, Capítulo II y III, "relativo al delito de Amenazas y Coacciones", así como lo dispuesto en el Título XI, "relativo al delito de injuria" puesto de manifiesto en la denuncia "donde se recogen datos y numerosas páginas que plasman la situación descrita, así como los documentos que se adjuntan como reflejo de esa campaña de descrédito para así minusvalorar su labor en la publicación de numerosos artículos en relación al narcoparamilitarismo y el crimen organizado en Colombia"? ¿Cuándo hizo de abogado y cuándo de trilero? ¿Por qué se negó a interponer el recurso de queja? ¿Obedeció alguna consigna? ¿Me acusa quizá de ser culpable de la presunta extemporaneidad del recurso? ¿Acaso lo presenté yo? ¿Por qué no lo presentó a tiempo? Antonio González Yago no se interesó jamás por las actuaciones en el Juzgado de Instrucción número 8 salvo a remolque de mis quejas en el Consejo General del Poder Judicial. ¡¡Pero!!! La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Las Palmas dictaminó que "se desprende la existencia de versiones contradictorias que llevan a considerar los hechos con cautela, no pudiendo apreciarse por ello de la conducta del letrado indicios suficientes que pudieran dar lugar a la apertura del correspondiente expediente disciplinario". A la vista de la decisión de la Junta de Gobierno presidido por el decano Joaquín Espinosa Boissier, con mucha cautela también digo que tremendos caraduras estos abogaditos. ¿No se atrevió Juaquinito Espinosa Boissier a acusar a los jueces y tribunales de la desatención del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva? ¿Qué derecho a la tutela judicial efectiva se puede ejercer sin derecho a la defensa? ¿No interponer un recurso de queja para que se pronuncie el órgano superior de un juzgado es defender el derecho a la defensa? ¿No dijo el presunto abogado Antonio González Yago que "la intención no es otra que tratar de no pronunciarse, tratando de probar que el recurso está fuera de plazo cuando en su día se admitió a trámite y nada se cuestionó si estaba fuera o dentro de plazo"? Entonces ¿por qué este presunto abogado me privó del recurso de queja si a través del mismo íbamos a conseguir que se pronunciara el órgano superior, la Audiencia Provincial, sobre el sospechoso no pronunciamiento del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas? ¿Ocurrió algo inconfesable entre bambalinas para cambiar de opinión? ¿Miedo a enfrentarse a los tres jueces intervinientes en mi denuncia y poner en peligro su futuro como picapleitos? ¿Por qué me obligó a enviarle varios correos electrónicos pidiéndole una y otra vez que me aclarara el asunto? ¿Por qué el Colegio de Abogados no le dio respuesta a mi pregunta de qué hacer en el caso de ser cierto que la designación de Antonio González Yago terminaba en el recurso de reforma y subsidiariamente de apelación? ¿Por qué no me designó otro abogado para hacer frente a mi derecho a la tutela judicial efectiva presentando el recurso de queja?

¿España Estado de Derecho democrático o Estado de desecho? Para que España sea un Estado de Derecho democrático se ha de cambiar el sistema judicial; es decir, se ha de elegir a los jueces directamente por votación popular a la vista de sus méritos en la defensa del derecho a la tutela judicial efectiva; se ha de cambiar el actual jurado popular (un circo para distraer a la gente con asesinos y violadores) por el Tribunal del Pueblo reivindicado en su momento por la Organización de Usuarios de la Justicia para juzgar a los jueces salidos del tiesto y evitar la justicia corporativa, entre jueces, hoy por ti y mañana por mí, y se ha de suprimir el "derecho de gracia" (una degracia del sistema judicial timocrático) del gobierno de turno para evitar de facto a través del indulto la impunidad de un político condenado judicialmente por corrupción. Finalmentente se ha de suprimir optativamente el monopolio del intermediario procesal para evitar el privilegio (una barrera potencialmente mafiosa, un cortafuego) del abogado a la hora de rechazar, por ejemplo, un caso (máxime siendo de oficio) por "insostenibilidad" cuando la acción jurídica se dirija contra un juez o contra un abogado inútil, negligente o falto de redaños.

Ahora a ver qué dice el Consejo Canario de Colegios de Abogados sobre el contradictorio abogado Antonio González Yago y el no menos sorprendente Colegio de Abogados de Las Palmas de Gran Canaria. No espero ninguna novedad porque como su nombre indica, Consejo Canario de Colegios de Abogados, es la suma de los abogados registrados en la colonia a través de sus respectivos colegios, y entre colegas no acostumbran a pisarse la toga.

España, has parido a mucha gente honrada, pero también a no pocos hijos de puta. Hijos de puta tuyos han permitido la denigración en internet de mi madre, Juana Sánchez Armas, después de muerta. El perfil falso abierto en twitter con su nombre aparece en la denuncia presentada el 11 de julio del 2012, denuncia que, a juicio del abogado Antonio González Yago y de la Junta de Gobierno que lo ha amparado, "no tenía posibilidades de prosperar". ¿Imposible porque mi madre puede ser denigrada o porque ahora yo también puedo hacer lo mismo con la madre de Antonio González Yago y con las madres de los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados?

España, he seguido fielmente los pasos marcados por tu Constitución, respeto al ordenamiento jurídico vigente. Cuando descubrí el dominio falso registrado con mi nombre en un organismo del Ministerio de Industria español, me puse en contacto con el mismo para denunciar la suplantación con fines denigratorios, criminales (el Código Penal tipifica como delito las injurias y calumnias). Me respondieron que sin una orden judicial no podían cancelar el dominio. ¿Qué te parece, España? El Ministerio de Industria sirviéndole de plataforma a los ciberterroristas del paramilitarismo colombiano y la justicia española también. ¿Y si ahora la Defensora del Pueblo tampoco hace nada?

España, la periodista colombiana Juanita Samper Ospina, corresponsal del periódico "El Tiempo" en Madrid, te llamó país de mierda. No voy a repetirlo, pero si quieres tener mi respeto democrático no seas la tapadera del cibersicariato paramilitar colombiano, no sigas alimentando la mala fama de tu "justicia" arbitraria, caprichosa, vengativa. ¿No merezco justicia por ser independentista? Soy un separatista canario, pero demócrata como he dado pruebas desde las primeras elecciones democráticas tras cuarenta años de dictadura celebradas el 15 de junio de 1977, circunstancia por la cual DON Jerónimo Saavedra Acevedo, en 1994, siendo ministro de Administraciones Públicas, me remitió una carta a la Organización de Usuarios de la Justicia felicitándome por haber sustituido la pistola por la palabra. Naturalmente con los años cambió de opinión y ordenó a su testaferro a perseguirme judicialmente por hacer uso de la palabra crítica.

España, si estás intentado vengarte porque no soy un "patriota" de tu gusto, meterás la pata con hondas consecuencias jurídicas y políticas dándole cobertura a los terroristas paramilitares colombianos. En el Ministerio de Industria español, y no en CUBA ni VENEZUELA, sigue registrado el dominio falso rafaelsanchezarmas.es ¿Qué me aconsejas qué haga en la defensa constitucional de mi honor? El Ministerio de Industria no puede suspenderlo sin una orden judicial; el Juzgado de Instrucción número 8 (con tres jueces sucesivamente en acción) tampoco hizo justicia y el abogado Antonio González Yago (amparado por el Colegio de Abogados de Las Palmas de Gran Canaria) me ha impedido el derecho a la revisión del caso en la Audiencia Provincial. Por si fuera poco, la policía, tanto el CNP como la Policía Municipal de Las Palmas de Gran Canaria, tampoco me dejó concentrarme delante del Consulado de Colombia en Las Palmas haciendo caso omiso a mi comunicación previa a la Delegación del Gobierno de Canarias, y por lo tanto vulnerando penalmente mi derecho de manifestación pública. ¿No te parece que estás yendo demasiado lejos, España?

España, terrorismo es la "dominación por el terror" (definición del Diccionario de la Real Academia Española). El cibersicariato paramilitar IMPUNE en la cúpula política ha pretendido eso, aterrorizarme, condicionar mi libertad de expresión bajo la amenaza de destruir mi honor a través del cobarde terrorismo cibernético. ¿Tú también pretendes lo mismo? ¿Entonces por qué ese dominio falso registrado en el Ministerio de Industria?

DOMINIO FALSO REGISTRADO EN EL MINISTERIO DE INDUSTRIA

RENOVADO IMPUNE Y SUCESIVAMENTE COMO SE PUEDE COMPROBAR

SUPLANTACIÓN CRIMINAL PERMITIDA POR ESPAÑA

COLOMBIA Y ESPAÑA RESPONSABLES

TRATAMIENTO JURÍDICO DE LAS INJURIAS Y CALUMNIAS

MINISTRO DEL INTERIOR CONSIDERA INTOLERABLE EL ACOSO A LOS POLICÍAS

MINISTRO DE INDUSTRIA PARTIDARIO DEL RESPETO EN INTERNET

MINISTERIO DE INDUSTRIA ME REMITIÓ A LA JUSTICIA

11 DE JULIO DEL 2012 DENUNCIA EN EL JUZGADO DE GUARDIA

AUTO DE ARCHIVO DE LA DENUNCIA

QUEJA ANTE EL COLEGIO DE ABOGADOS DE LAS PALMAS

COMUNICACIÓN A LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CANARIAS

DENUNCIA ANTE LA DEFENSORA DEL PUEBLO

ANALOGÍA DEL ACOSO TERRORISTA

FUNDAMENTOS DEL RECURSO NO INTERPUESTO SOSPECHOSAMENTE

"Mariconsón, capicúa, pájaro tatarita, ex seminarista sacado del armario, inmoral sexual, pestilente de pluma, afeminado de Las Palmas, moroso, bujarrón". Información.

Por tales insultos vertidos en un periódico canario contra el delincuente Carlos Sosa Báez (delincuente porque ha sido condenado por atentar contra el honor de terceros) la jueza del ordenador Victoria Rosell Aguilar se puso hecha una leona y coadyuvó a la condena del matutino isleño con 69.809'83 euros (69.000 en números redondos). ¿Dulce de membrillo para su novio y cicuta para mí? ¿Doble vara de medir en la "justicia" impartida por la delegada de Jueces para la Democracia en la colonia? ¿Qué democracia? ¿Qué justicia? ¿Qué Estado de Derecho democrático?

Las Palmas de Gran Canaria, 25 de noviembre del 2013.

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RAFAEL SÁNCHEZ ARMAS

AGENCIA BK DETECTIVES ASOCIADOS

AGENCIA BK DETECTIVES