DOCUMENTO PRESUNTAMENTE FIRMADO EN 1999
ENTRE FABIO VALENCIA COSSIO (1) Y LA NARCOGUERRILLA
1. A finales del próximo año, las FARC- EP y el Gobierno Nacional llegarán
a un acuerdo mediante el cual se prolongará el periodo del presidente Pastrana
por dos años más (2004).
2. Paralelamente se buscará que su sucesor sea un miembro de la Gran
Alianza para el Cambio que garantice fielmente la continuidad del proceso de
paz iniciado en 1998. Para efectos prácticos las FARC-EP se comprometerían a
movilizar a la población bajo su dominio, con el fin de apoyar una candidatura
de los señores FABIO VALENCIA COSSIO o JUAN CAMILO RESTREPO SALAZAR.
3. En aras de consolidar una nueva cultura política desprovista de los
vicios propios de los partidos tradicionales, las elecciones locales previstas
para octubre del presente año serían pospuestas hasta finales del año 2001, con
el fin de evitarle al país los elevados costos que supone la nueva elección,
tan pronto como se cristalicen los puntos 3, 4 y 5 de esta carta de intenciones.
3.1 Este acuerdo será el fruto de las negociaciones de la agenda común o
del cambio que semestralmente produciría algunos acuerdos parciales entorno a
tres grandes bloques temáticos.
4. El punto 1 se materializa a través de una Asamblea Nacional Constituyente
autorizada por el Congreso de la República en la que es mayoría la Gran Alianza
por el Cambio. Esta Asamblea producirá una nueva Constitución Nacional basada
plenamente en los resultados de las negociaciones a que se refiere el punto 2 y
su objetivo sería la refundación del Estado Colombiano.
5. Un 50% de esta Asamblea estaría compuesto por ilustres personalidades de
la vida nacional, escogidas por el Gobierno Nacional, y el otro 50% estaría
conformado por miembros de las FARC¬EP, que demostraría plenamente su voluntad
de paz y su apuesta por lograr una solución negociada al conflicto.
6. La composición del poder político en Colombia, después de que la
mencionada Asamblea haya producido una Carta Magna, reflejará la misma
tendencia cuantitativa, de tal suerte que varias carreras ministeriales y
cargos propios de la alta dirección del Estado pasen a manos de la organización
insurgente.
7. La Asamblea Constituyente no sería elegida popularmente con el fin de
evitar los riesgos de que caiga en manos del clientelismo tradicional que
domina la política regional en Colombia. Por idéntica razón, el nuevo texto
constitucional no sería sometido a referendo alguno. En cualquier caso, esta
iniciativa estaría exclusivamente destinada a impedir que se frustren las expectativas
de paz que animan al pueblo colombiano.
8. Con el fin de consolidar este proceso, las FARC-EP y el Gobierno
Nacional acordarán a la mayor brevedad posible una tregua bilateral a la cual
podrían sumarse posteriormente el ELN y las Autodefensas Unidas de Colombia.
9. El Gobierno Nacional recibiría la ayuda militar procedente de los
Estados Unidos, pero en el marco de la mencionada tregua, las Fuerzas Armadas
se abstendrán de utilizar estos medios contra las fuerzas insurgentes.
10. De acuerdo con los diálogos sostenidos hasta la fecha, las FARC-EP se
comprometerían con el Gobierno Nacional y el Gobierno de los Estados Unidos
también a cooperar activamente en el propósito de limitar el comercio de drogas
y erradicar cultivos de hoja de coca por lo menos en una cifra que doble la
alcanzada durante 1999.
11. A cambio, el Gobierno de los Estados Unidos garantizaría un notable
flujo de recursos económicos para desarrollar proyectos productivos de base
agroindustrial que consoliden la preponderancia de las FARC-EP en sus áreas de
influencia y habiliten al campesinado para participar en la vida económica
nacional e internacional, sin tener que recurrir a prácticas ilícitas.
12. Así mismo, el Gobierno de los Estados Unidos se comprometería a impedir
que los militares colombianos utilicen el material bélico donado al Gobierno
Nacional contra las fuerzas insurgentes, aun cuando la puesta en marcha de la
tregua bilateral tomase más tiempo del esperado.
13. En consonancia con el sexto punto de esta carta de intención, el
Ejército Colombiano actual reduciría sus efectivos en un 60% de manera
escalonada entre enero y diciembre del año 2002. En esa misma medida, se
fundirían en un nuevo Ejército Patriótico los contingentes más calificados de
las actuales fuerzas insurgentes. Por lo menos la mitad de las principales
guarniciones militares estarían comandadas por los actuales jefes de las
FARC-EP al finalizar el citado año 2002. Para evitar cualquier aventura extra
constitucional protagonizada por los altos mandos militares que se sientan
frustrados ante la posibilidad de que las FARC-EP compartan el poder político y
económico en Colombia, el Gobierno Nacional se compromete a depurar la cúpula
militar, estudiando cuidadosamente los antecedentes de aquellos que pasen a ocupar
los puestos de control sobre las operaciones y el planeamiento estratégico.
14. A fin de facilitar el desarrollo de los puntos 10 y 11 de esta carta,
la Asamblea Constituyente amnistiará los capitales de las FARC-EP que, hacen
parte actualmente de la estructura económica nacional.
15. Aunque en ningún momento se contemplaría la entrega de armas por parte
de la organización insurgente, las FARC-EP se comprometerían a respetar los
derechos humanos y moderarían su influencia sobre las organizaciones políticas
de izquierda en otros países del área andina, cuya intención manifiesta fuese
la de desestabilizar las frágiles democracias de países como Venezuela, Ecuador
o Panamá. En particular, las FARC-EP atenuarían su influencia sobre las
organizaciones armadas de Méjico, Ecuador y Bolivia".
(1) Ministro del Interior con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
FUENTE: EL ESPECTADOR