MAFIAS DE ESTADO EN COLOMBIA

Nunca me gustó la mirada del general José Leonardo Gallegos Castrillón ni tantas noticias relacionadas con sus presuntas irregularidades. El difunto periodista Manuel Vicente Peña Gómez lo mencionó en varios libros, de forma muy particular en la obra “El general serrucho”, donde reveló la corrupción existente en la Dirección Antinarcóticos, comandada por Gallego Castrillón. Ahora ha sido llamado a capítulo y destituido como comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, con sede en Medellín. El empresario Pedro Juan Moreno Villa, secretario de Gobernación cuando Álvaro Uribe Vélez ocupaba la presidencia del Departamento de Antioquia, ha tenido parte en la denuncia. En la caída del general Gallegos Castrillón se ha llevado por delante al director de la Policía Nacional de Colombia, general Teodoro Campos Gómez, un hombre de probada rectitud, a quien acompañó en la Subdirección de la PNC el general Héctor Darío Castro Cabrera, buen amigo del Centro Internacional de Criminología. Ojalá tenga más fortuna en la depuración de la Institución el nuevo director, general Jorge Daniel Castro Castro. El Mando, los directores de áreas y los comandantes regionales honestos, así como el resto de funcionarios exentos de crímenes, no deben ser salpicados por tantos delitos como han sido denunciados en los últimos tiempos: falsos allanamientos judiciales; secuestro y extorsión de personas; atracos a bancos y centros comerciales; tráficos de drogas y sobornos a narcotraficantes; robo y contrabando de combustible; despilfarro de los fondos reservados...

Fuente: Rafael J. Sánchez Armas.

MAFIA - PARTIDOS POLÍTICOS - CORRUPCIÓN

En Colombia habitualmente aceptamos como sinónimos las palabras mafia y narcotráfico. Sin embargo, en sentido original, mafia no es una palabra que nombre traficantes de drogas sino traficantes de poder. La mafia surgió en Sicilia como un poder criminal paralelo al poder formal del Estado, y se convirtió en mediadora frente a los ciudadanos y en usufructuaria del presupuesto público. Es con esa acepción de la palabra mafia que el economista Luis Jorge Garay ha hablado de la "culturización mafiosa" de la sociedad colombiana. Se refiere a la tendencia que tenemos los colombianos a formar grupos o logias que buscan sus particulares intereses en contravía de las normas y en detrimento del interés público. Garay cita, como ejemplo, que los partidos políticos funcionan como logias que buscan, no el bien común que predican, si no el saqueo de los recursos públicos. No es una realidad nueva. Durante su gobierno, el presidente Julio César Turbay lanzó una frase que hizo historia: "La corrupción debe reducirse a sus justas proporciones". Hace poco se publicó en Alemania una lista sobre corrupción mundial en la que Colombia aparece en el puesto 52. A propósito de esa lista el ex presidente Alfonso López escribió en el periódico El Tiempo, más o menos que, entre nosotros, la corrupción ha estado y sigue en "sus justas proporciones". "No digo que hayamos sido o no santos (resume el ex presidente), pero tampoco puede asimilársenos a gobiernos dictatoriales u oligárquicos, que, como el de Marcos, en Filipinas, dieron mucho que hablar". López recuerda algunos de los casos famosos de corrupción de nuestra historia, como el que conllevó a la separación de Panamá, pero no refiere el escándalo de la Handel, en el que estuvo involucrado, precipitando la caída de la presidencia de su padre, Alfonso López Pumarejo. En la segunda guerra mundial, en el marco del decomiso que el Estado colombiano hizo de propiedades e inversiones extranjeras, López aprovechó su cercanía al poder para negociar las acciones de la Holandesa Handel en Bavaria, despojando al Estado y obteniendo para sí jugosas ganancias. López Michelsen se hizo presidente entre 1974 y 1978, con un escándalo alrededor de la Hacienda la Libertad. En 1982 intentando ser presidente por segunda vez recibió dinero "no santo" para su campaña. Pero además, se inventó una funesta estrategia electoral a la que denominó "Operación avispa". Los partidos dejaron de tener listas únicas, cosa que les garantizaba una mínima de cohesión, y pasaron a ser feudos donde cada cacique se disputa unos votos y un pedazo del Estado para explotarlo como hacienda propia. De esa hacienda sacan para el bolsillo propio y para comprar votos con los que se reeligen. El robo del presupuesto público y el aprovechamiento del poder para fines particulares se convirtieron en males endémicos. ANDRÉS PASTRANA ARANGO subió a la presidencia con el compromiso de combatir la corrupción y realizar una reforma política. Ni lo uno ni lo otro. Su administración fue nula en reformas, porque tranzó con las mafias del poder afincadas en el congreso, y fue abundante en escándalos de corrupción. Así, contribuyó a ese círculo vicioso, que tiene un poder de desestructuración igual o mayor que el de el narcotráfico y las insurgencias, y que esta acabando lo que tenemos de Estado. Con los mismos dos propósitos se comprometió el presidente Álvaro Uribe Vélez. Como la esperanza es lo ultimo que se pierde, esperamos que Uribe, que esta gobernando con una parte de quienes nos han timado, cumpla con su compromiso de cero tolerancia con la corrupción, y que reglamente los partidos (como cuerpos con una homogeneidad programática, con listas únicas y bancadas unificadas) para recuperarlos como instrumentos de la democracia. Con la idea de que la corrupción esta en "sus proporciones" es una vergüenza que este Estado siga incrementando los impuestos a los ciudadanos.

Fuente: Alonso Salazar Jaramillo, en el diario El Colombiano.

CRIMEN ORGANIZADO Y CORRUPCIÓN

El Estado de corrupción y despilfarro es ya deplorable. Y el contralor general de la República, como lo han proclamado muchos de sus antecesores, anuncia con muchas campanillas, una cruzada para consagrar la eficiencia en el gasto público. Seguramente pasará su período y al final de cuentas se malograrán sus buenas intenciones para llegar otro sucesor con el mismo cuento chino. Se podrán decretar muchas muertes políticas para los corruptos y nada pasará, así se eleve ese deseo a norma constitucional, la que será más fácil de violar y de incumplir. Aquí mientras se levanten más talanqueras legales, más se les brinca con la audacia y la satisfacción de quienes obran en la impunidad y la tolerancia. Planes contra la corrupción se han esbozado desde tiempos inmemoriales. Y por lo general fracasan por falta de misión y decisión política. Como alguien decía, hay que ladrar menos y morder más. Los famosos y publicitados perros de Fanny Kertzman al final de cuentas se quedaron sin colmillos y sin arrojo. Sólo mordieron a quienes en el país pagan y se tornaron dóciles para los evasores de todos los pelambres que los amansaron con algunas golosinas. Mientras haya tanta corrupción y tanto despilfarro, los recursos del Estado no alcanzarán para satisfacer las necesidades del país. Podrán imponerse cascadas tributarias, que se perderán entre la espesura de los inmorales y la habilidad de los evasores. Y el país seguirá pobre y mendicante, tocando puertas en los organismos de crédito multilaterales para financiar parte de sus penurias. Empréstitos que ahogan y que a la larga no van a favorecer directamente la inversión y el desarrollo sostenido, sino a animar el aparato burocrático de un Estado tan lerdo como ineficiente. Más información en El Colombiano.

¿ESTADO DE DERECHO?

El tema de la corrupción es universal e infinito. En Colombia tiene agónica a la nación, porque la corrupción es injusticia, egoísmo, codicia, desconocimiento de la ley, violencia, atropello de los derechos de los demás, arbitrariedad, desprecio, discriminación. No creo en los discursos que prometen acabar con la corrupción. Llevamos años escuchando lo mismo en Colombia, pero cada vez hay más corrupción.

Fuente: Iván Marulanda, en El Mundo (Colombia).

MAFIAS COLOMBIANAS

El vicepresidente de Colombia denunció el manejo de información privilegiada por parte de consultores privados de los sectores tributario y petrolero. Explicó que se trata de "una puerta giratoria en la que entra una persona por un lado como director de la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales y sale como consultor de las empresas privadas que evaden impuestos a través de conocimientos privilegiados". Con una serie de ejemplos, el alto funcionario definió la captura del Estado como la capacidad de ciertos grupos para incidir sobre las decisiones políticas a través de presión o de incentivos ilegítimos para satisfacer intereses particulares. En un foro sobre el tema, en el Hotel Tequendama de Bogotá, el vicepresidente explicó que a lo largo del año, en los Consejos Anticorrupción que ha presidido en varias ciudades del país, ha logrado recoger ejemplos sobre cómo funciona esa modalidad de saqueo al Estado. En primer lugar mencionó la "captura técnica". Según él, se evidencia en las condiciones o las modificaciones que se hacen en la contratación pública que "hechas en términos jurídicos y técnicos favorecen sin contraprestación a la contraparte del Estado". Puntualizó que este tipo de "captura" se presenta con "inusitada frecuencia" en sectores como el de la energía eléctrica, las comunicaciones, el de infraestructura y en las concesiones viales, en los cuales, según sus palabras. Su segundo ejemplo lo llamó "captura judicializadora". Se pone en práctica, dijo, en el negocio de las demandas al Estado como en el caso de Dragacol, en el cual la Nación debió pagar más de 17.000 millones de pesos (unos cinco mil seiscientos millones de dólares). Llamó la atención, en este punto, sobre las funciones de los tribunales de arbitramento, a los cuales calificó como necesarios pero que "necesitan una discusión pública". Santos afirmó también -como tercer caso- que el Estado está capturado por la corrupción en los fallos judiciales. Habló de cómo decisiones judiciales reconocen pensiones en los municipios y departamentos sin que los beneficiados tengan ese derecho. Como ejemplo, contó que el gobernador del Atlántico revisó 500 de las últimas pensiones concedidas y se dio cuenta que 450 de ellas estaban mal otorgadas a pesar de ser respaldadas por un juez. El cuarto hecho en el que se muestra este estilo de corrupción, según Santos, es el que tiene que ver con el manejo de información privilegiada del Estado por parte de particulares. Los grupos armados al margen de la ley también han capturado al Estado -y fue el quinto ejemplo expuesto por el vicepresidente- mediante maniobras en las que se apropian de dineros públicos y como ilustración de esta modalidad mencionó lo que tiene que ver con el saqueo de las regalías petroleras en Arauca. El alto funcionario cuestionó -como sexto caso- el sistema de captura del Estado mediante la imposición de intereses regionales y del caciquismo político. Subrayó que hay leyes que parecen hechas con nombre propio para favorecer a determinadas personas o sectores. Reseñó nuevamente, en este aparte, las pensiones que ha otorgado el Seguro Social con base en esas normas “viciadas”. Para un ciudadano común la mesada es de 1,2 salarios mínimos; si es del magisterio, dijo, es de 2,7 salarios mínimos; en la Universidad del Atlántico es 9,1 salarios mínimos, y en el Congreso de 34,7 salarios mínimos. "Tenemos que combatir a fondo, como tarea prioritaria, y erradicar la captura del Estado", advirtió Francisco Santos Calderón. Para ello anunció que el próximo año se pondrá en marcha conjuntamente con los partidos, los gremios y los ciudadanos un plan que permita enfrentar esa nueva onda de corrupción en el Estado.

Fuente: "El Tiempo".

PROGRAMA DEL GOBIERNO CONTRA LA CORRUPCIÓN

De nuevo Colombia se ha visto sacudida por un escándalo relacionado con el narcotráfico. Detención en una base militar del jefe de lo sicarios del cartel del Norte del Valle, dirigido por Diego León Montoya Sánchez, solicitado en extradición por EEUU. Cese de varios fiscales relacionados con la investigación del caso. Denuncia de esos fiscales ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra el fiscal general de la República. Sospechas de infiltraciones en la Policía Nacional y la Fiscalía General de la República de paramilitares, narcoguerrilleros y delincuentes. El director de la Policía Judicial e Investigaciones, coronel Óscar Adolfo Naranjo Trujillo, defendiéndose en RCN de las acusaciones de ser una tapadera del narcotraficante Diego León Montoya Sánchez... y por si fuera poco, en el buque insignia de la Armada GLORIA ha sido descubierto un alijo de droga.

¡Oh libertad que

perfumas las montañas

de mi tierra, deja que

aspiren mis hijos tus

olorosas esencias!

AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

Yo, Heyler Maturana Benítez, con CC 11 706 441 de Istmina (Chocó) y egresado de la Facultad de Investigación Judicial del Tecnológico de Antioquia, comparezco ante el Presidente de la República y

E X P O N G O

Primero.- Que habiendo sido propuesto por la Agencia BK Detectives Asociados y Consultores Financieros como delegado en Colombia, me he visto en la necesidad de renunciar momentáneamente porque la profesión de Detective Privado en nuestro país está prohibida por el Decreto del Ministerio de Defensa Nacional número 2187, de fecha 12 de octubre del 2001. En su artículo 33, dice textualmente:

"Investigación. Comprende el estudio y análisis preventivo de riesgos y/o de las causas y fundamentos de los incidentes presentados al interior de una empresa o de quien desarrolla una determinada actividad, a fin de proveer por el cumplimiento de las finalidades y objetivos que persigue la seguridad privada.

En ningún caso los investigadores en seguridad privada podrán prestar servicios como detectives privados o ejercer labores de investigación judicial o realizar actividades de competencia de las entidades estatales; tampoco pueden efectuar estudios de consultoría ni asesoría en seguridad privada".

Segundo.- Que el referido Decreto es vulnerado (con la vista gorda de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada) por centenares de agencias y detectives privados tolerados de hecho, como se puede verificar consultando los directorios telefónicos nacionales y las hemerotecas y videotecas en las cuales se han publicado entrevistas y reportajes sobre la profesión de Detective Privado.

Tercero.- Que en la nueva Colombia impulsada por el Presidente de la República, transparente, sin corrupción, no es posible seguir tolerando una situación tan irregular.

Cuarto.- Que además de ser una situación irregular, también es un hecho injusto para los tecnólogos en Investigación Judicial porque, después de haber cursado los estudios pertinentes y obtenido el título reconocido por el Estado, nos limita en el ejercicio de la profesión de investigador, como es la de ser Detective Privado.

Por todo lo manifestado,

SOLICITO, en virtud de lo previsto en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, una audiencia con el Presidente de la República, para, en unión de una delegación de tecnólogos en Investigación Judicial, buscar la solución a esta situación injusta y corrupta.

Medellín, 22 de enero del 2004.

HEYLER MATURANA BENÍTEZ

CC 11 706 441 de Istmina (Chocó).

COLOMBIA SIN FUTURO

Varios congresistas en busca y captura; militares y policías implicados en masacres y narcotráfico; el anterior director del DAS (servicio de inteligencia del Estado) en paradero desconocido; políticos, empresarios y militares conminados por los dirigentes de las Autodefensas Unidas de Colombia para que declaren la verdad y sólo la verdad en cuanto a sus vínculos históricos; la ministra de Asuntos Exteriores, María Consuelo Araujo Castro, en el ojo del huracán; sicarios narcotraficantes y las Fuerzas Armadas Recolectoras de Coca (FARC) unidos para tomar Cali; una comisión parlamentaria brasileña denunciando el abastecimiento de armas de las FARC y los paramilitares en la frontera amazónica entre Colombia, Brasil y Venezuela a cambio de drogas y oro. ¡¡Pobre Colombia!! ¿Quién va invertir ni un sólo dólar en semejantes condiciones?

CORRUPTOS POR NATURALEZA

Nadie tenía por qué dejarse extorsionar, secuestrar, robar o matar. Nada mejor le podría suceder al país que el que se pudran en la cárcel los parapolíticos, o sea aquellos que se valieron de las circunstancias para incrementar su poder asesinando, desplazando, traficando y apoderándose de tierras ajenas y dineros públicos. Pero hay sectores muy parcializados de la opinión que también están esperando la caída de cuanto dirigente, ganadero o industrial haya dado -voluntariamente o bajo amenaza- un centavo a los grupos de autodefensa que suplantaron las responsabilidades del Estado en extensas áreas que por décadas fueron abandonadas a su suerte. ¡Vaya ironía! ¿No es acaso una actitud llena de hipocresía condenar moralmente a quienes defendieron sus vidas en la orfandad de un Estado ausente? ¿Será que no les cabe ninguna responsabilidad a los laxos gobernantes de esas épocas aciagas, cuando las guerrillas delinquían a sus anchas en medio país mientras pintábamos palomitas de la paz y cacareábamos en Caracas, Tlaxcala o el Caguán? ¿No les están tirando los pájaros a los escopetas ahora que nos vienen a dar lecciones de moral los Petro y los Gaviria Trujillo, tan culpables los unos por acción y los otros por omisión? La razón primordial de la fundación de un Estado es la salvaguardia de la vida, honra y bienes de los asociados, y a donde el Estado no llega para cumplir con esta primera obligación, se vuelve al estado de naturaleza y se imponen por la fuerza unas facciones sobre otras. Ello supondría el rompimiento del contrato porque, si una de las partes no cumple lo fundamental, no debería estar la otra obligada a cumplir lo suyo, la observancia de la ley, pero la rebeldía o insurrección se castiga. Sin embargo, he aquí una grave contradicción: las guerrillas suelen ser indultadas, en gracia de discusión, por cuanto no son vencidas militarmente y el bien supremo de la paz acredita una reinserción violatoria de cualquier sentido de justicia. En cambio, quien ante la "ruptura" del contrato social se haya visto obligado a quebrantar la ley en esas lejanías donde el Estado cedió vilmente la soberanía, es castigado con todo el peso de aquella e, inclusive, es vilipendiado moralmente hasta por quienes carecen de integridad. Como quien dice, a esas personas que fueron abandonadas por el Estado y entregadas en bandeja de plata a la subversión, solo les quedaban dos alternativas: dejarse esclavizar o dejarse matar como perros, desconociendo el derecho y la obligación de proteger la vida propia y la de los allegados. Aquí, como si fuera poco, la culpa del Estado ha sido doble: una, por no defender a sus asociados, y otra, por no evitar que las desigualdades dieran pie a la sublevación de muchos de ellos. Porque es obvio que nadie está obligado a dejarse matar, pero tampoco a dejarse matar de hambre o de miseria y aquí los únicos que se han opuesto férreamente a transformaciones sociales profundas han sido los políticos corruptos y las "fuerzas oscuras" que ellos representan. Pero, volviendo a lo mismo, nadie tenía por qué dejarse extorsionar, secuestrar, robar o matar. Así como hay tribunales internacionales que profieren sentencias por los crímenes de los "paras", que ordenan al Estado colombiano cuantiosas indemnizaciones a las víctimas, deberían también reivindicar a las víctimas de las guerrillas para condenar al mismo Estado y a tantos funcionarios que violaron sus juramentos e incumplieron sus funciones. Aquí los únicos culpables hay que buscarlos entre la clase política, y la discusión no debe circunscribirse a un pulso entre derecha e izquierda; ese es un enfoque equivocado. Lo que debería quedar claro es que nuestra clase política sigue siendo esencialmente corrupta; que por desfalcar nuestros recursos hace lo que sea, hasta matar, como lo ha hecho desde siempre. Y, mientras más nos movemos, más nos enredamos en la madeja de leyes y normas que ellos mismos han inventado, en el régimen en el que naufraga este barco. Saúl Hernández Bolívar.

COLOMBIA HACIA EL ABISMO

Dos denuncias en contra del presidente Álvaro Uribe por presuntos vínculos con los paramilitares investigará la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Según la Secretaría de la Comisión, desde el pasado martes 28 de noviembre dos ciudadanos, uno identificado como Jorge Antonio Pérez Eslava, y el otro anónimo instauraron las demandas contra el Mandatario. La novedad es que la denuncia anónima está acompañada de una prueba, materializada en una entrevista que el escritor y periodista Fernando Garavito, coautor del libro “Biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez, El señor de las sombras”, publicado en el año 2002 y quien hizo mención a algunas denuncias contra el gobernante. Tras la publicación del libro, que escribió con Joseph Contreras, sobre la formación de los grupos paramilitares en Colombia, Garavito tuvo que abandonar el territorio colombiano. La coyuntura de las acusaciones está en que fueron hechas en un momento en el que varios parlamentarios están citados por la Corte Suprema de Justicia a comparecer por el delito de concierto para delinquir agravado, demás de la presunta cercanía de Uribe con los paramilitares de las AUC y los crímenes que estos grupos cometieron al norte del país. Según el secretario de la Comisión de Acusaciones, Reinaldo Duque, durante las próximas horas se analizará todo el contenido de las dos acusaciones para determinar sí se abre una investigación formal y se procede con el expediente. Lo que si es evidente es que «todavía no hay claridad sobre una conducta establecida para que prosperen los procesos. La próxima semana se hará el correspondiente reparto entre los representantes investigadores», precisó Duque. Más información.

RECORDANDO A PASTRANA

Desde aquí hacemos lo posible para que nos incluyan en esa casta maldita. Viendo tan entusiasmado al ex presidente Pastrana cavando la fosa de tantas personas a las puertas de la Corte, recordábamos a los Borbones, de quienes se dijo que no aprendían, pero tampoco olvidaban. Fiel a su estricta memoria, cobraba viejas facturas. Consecuente con su escaso poder reflexivo, se enterraba él mismo. Si las reuniones políticas con los criminales son clandestinas, lo que equivale a no autorizadas por el Presidente de turno, y si además otorgan poder de parte y parte, no cabe duda de que resultan punibles, han dicho el Fiscal y la Corte Suprema. A la cárcel, pues, con Ordosgoitia y con el nutrido grupo de los jefes cordobeses que en su compañía llegaron a firmar la proclama de Ralito, de paso sea dicho una de las más estúpidas que hayamos leído nunca. No pensó Pastrana, en aquella exaltación justiciera, en que ese era exactamente su propio caso. Las reuniones con 'Tirofijo', que le dieron la Presidencia, fueron clandestinas; tuvieron naturaleza política, como nadie se atrevería a discutirlo; favorecieron al entonces candidato, de qué modo, y para rematar, recordémoslo, se pagó por ellas el pesado precio de la entrega de la soberanía nacional en más de 40.000 kilómetros cuadrados, con el séquito de horrores que siguió a esa claudicación. Ya veremos cómo explica el entusiasmado declarante la distinción entre lo suyo y lo del que hacía mucho menos por la alcaldía de una villa, o aun por alguna curul senatorial, cuando por aquello se cobró nada menos que la Presidencia de la República. Pero lo peor es que en la fiesta ya llegamos al punto en que se reconocerá paramilitar a todo el que pagó para que no lo mataran los paramilitares, o para que lo dejaran trabajar y vivir en relativa paz. Los hacendados, los empresarios, los vendedores de gaseosas y de cerveza, los carniceros, los camioneros y transportadores de gente, todos van a pasar de víctimas de esa violencia cruel a sus actores principales. Cuando el gran culpable fue el Estado, que abandonó el pueblo a su suerte, para que lo masacrara primero la guerrilla de las Farc o del Eln o del Epl y lo remataran las Auc. En muchas partes del país ese tránsito no se hizo, porque la guerrilla, siempre con el decisivo auspicio de los traficantes de drogas, siguió asesinando y secuestrando, de contado o a plazos, en sus zonas de influencia. Lo curioso es que esa tiranía satánica se toleró por decenios, y hoy, cuando un Gobierno impuso el Derecho y rescató la Justicia, es cuando se cobran las cuentas y se desatan los escándalos. Pero así vamos. O todavía peor. Porque cuando ya no matan a los sindicalistas, se arma la gorda por las muertes de otros tiempos. Y aquí quien sindica es el Fiscal, regalo que nos dejó el ex ministro Pretelt, en ningún sitio tan propicio como Washington, pero agregando que los crímenes los cometían entre las Auc y la Fuerza Pública. Desde luego que haciéndole eco al coro de mamertos que desde la detestada sede del imperialismo yanqui piden castigo para Colombia. Los demócratas, encantados, le pasan cuenta a Bush y por ser sus amigos nos declaran parias, indignos del TLC, es decir, de tener un futuro digno, y de ayuda militar, es decir, de medios para recuperar definitivamente el orden. Pero no hay por qué preocuparse tanto. Ahora sale una lujosa comitiva nuestra para poner las cosas en su sitio. Comandada por el Vicepresidente, quien tendrá espléndida ocasión para demostrar que los paramilitares son unos mentirosos, pero solo cuando lo tocan, y por fortuna integrada por el director del DAS, quien jurará que la policía secreta ya no mata sindicalistas, porque esa costumbre se abolió cuando su antecesor dejó el cargo. Nos tratan como a parias, no hay duda. Pero desde aquí hacemos lo posible para que nos incluyan en esa casta maldita. Fernando Londoño Hoyos.

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