MAFIAS POLICIALES
Sin justicia no hay Estado de Derecho
democrático y sin policías honestos no es posible la convivencia sin odio ni
venganza. Las mafias policiales existen en todos los continentes. Vincent
Murano, antiguo detective de Asuntos Internos del Departamento de Policía de
Nueva York, desveló en una obra biográfica el lado oscuro del "muro
azul": la ley del silencio entre los policías; la omertá parapetada
tras la placa de reglamento. Ningún testigo de la corrupción y la tortura es
capaz de sustraerse a las represalias de los demás agentes si denuncia a los
culpables. El menosprecio, las palizas o el asesinato son los métodos empleados
por el "muro azul". Tales prácticas son usuales en numerosos cuerpos
policiales norteamericanos.
PADRINOS MEXICANOS
El 3 de noviembre de 1998, el
diputado Soto Camacho, representante del Partido de la Revolución Democrática
de México, comunicó en rueda de prensa el resultado de la investigación
practicada sobre la delincuencia organizada en México DF durante los últimos
años. Su trabajo ha tenido como base la información facilitada por la Secretaría de Seguridad
Pública y las numerosas denuncias de la ciudadanía. El documento elaborado
menciona la existencia de 750 bandas delictivas, cuyos efectivos rondan los
20.000 individuos. La gravedad de la investigación no radica en la enorme
amenaza de los criminales, sino en la protección brindada por determinados
jefes de la policía a dichos grupos mafiosos. Cada organización dispone de un
Padrino con placa de la
Seguridad Pública. De las 16 delegaciones o distritos
municipales de la ciudad de México, Cuauhtemoc e Ixtapalapa copan juntas las
mayores estadísticas en tráfico de drogas, uso de armas de fuego, secuestros,
violaciones. Se ha constatado la participación como encubridores incluso de
niños de 10 años e "inocentes" abuelitas. Tanto la Secretaría de Seguridad
Pública como la
Procuradoría General de Justicia del Departamento del
Distrito Federal carecen de recursos humanos y técnicos para enfrentarse a la
delincuencia mafiosa, si bien el presidente del gobierno de la ciudad de México
ha reconocido que tomará en cuenta el documento elaborado por el diputado del
PRD para diseñar la estrategia necesaria capaz de combatir la corrupción y el
crimen organizado en la ciudad de México. Las primeras medidas no se han hecho
esperar. Alejandro Gertz Manero, secretario de Seguridad Pública, ha ordenado
la detención de 200 miembros de la policía y diversas empresas de seguridad
privada por complicidad o encubrimiento en actividades delictivas y el cese de
seis altos mandos. La nueva estructura de la policía tiene como fin atajar la
corrupción generada por la acumulación de poder en la cúspide del mando. De
ahora en adelante, los 36.000 policías de México Distrito Federal dependerán
del secretario de Seguridad Pública, auxiliado por el Jefe del Estado Mayor de la Policía; el director de
Control Metropolitano y el supervisor general.
Fuente: Rosa
María Flores Zavala (México).
POLICÍA MAFIOSA
ARGENTINA
En los últimos años, la corrupción
ha sido uno de los ejes de la discusión pública. Este fenómeno no sólo afecta a
la república de Argentina, sino a todos los países, sin distinción de sistemas
políticos o niveles de desarrollo. El pueblo sufre la pérdida de confianza en
sus mandatarios, y como hacedor de las transformaciones tampoco ve ninguna
expectativa en el voto como posibilidad de cambio. El desprestigio de la clase
política desemboca en el desinterés del pueblo por la cosa pública mientras los
valores sociales se degradan. Los funcionarios honrados son alejados de sus
cargos y los administradores corruptos desvían hacia los paraísos fiscales los
recursos de la economía nacional en perjuicio de los contribuyentes propios. El
problema de la corrupción en Argentina va desde la "coima" pagada a
un policía por una infracción de tránsito hasta los contratos multimillonarios
del Estado. Es un problema que sacude a todos los estratos sociales; está
presente en cualquier ámbito de la vida cotidiana. Como nunca hasta ahora, la
corrupción en Argentina se ha mostrado de forma tan diferente e inimaginable.
Parlamentarios, ministros y gobernadores afines a Carlos Menem han sido
acusados por los tribunales de justicia, a pesar del muro de contención y
protección otorgado a la
Corte Suprema de Justicia y demás órganos jurisdiccionales
(el 80 por ciento de la población de la Capital Federal
rechaza la presunta justicia de los jueces, según una encuesta realizada por
Gallup Argentina).
II PARTE
Pero cuando la corrupción alcanza
a una determinada fuerza armada, también se pone en peligro la seguridad física
de los ciudadanos. Las fuerzas del orden en Argentina han servido durante toda
su historia a los intereses del gobierno de turno. La mayoría de las veces a
contramano de los deseos y derechos del pueblo. La policía de la provincia de
Buenos Aires cuenta con el mayor número de agentes del país, alrededor de 40
mil hombres (más que el Ejército nazi de la Francia ocupada). La clase política,
independientemente de su origen (peronista, radical o castrense), siempre se
nutrió de la policía de Buenos Aires para mantener el poder en la provincia.
Prácticamente no existe actividad delictiva en la que no se encuentre algún
oficial de la "Bonaerense". Juego clandestino, prostitución, robos de
vehículos, comercio ilícito de armas, asaltos en las carreteras o tráfico de
drogas son algunos de los quehaceres cotidianos de muchos agentes. Pero sería
erróneo centrar la crisis de la policía sólo en la presencia de oficiales
corruptos. Por el contrario, ha sido el propio sistema del Estado el causante
de la situación, pues durante décadas el Poder Político se desentendió de la
falta de presupuesto y de la capacitación de la policía. Incluso se quitó un
peso de encima "dejando que los policías buscasen por su cuenta los fondos
para el mantenimiento de la institución". Fue así como los oficiales y
agentes comenzaron a recaudar día tras día sus ingresos para "la caja
policial". Esta patológica relación con el mundo del delito desembocó en
casos resonantes de narcotráfico o robos de automóviles. Pero no sólo la
policía de Buenos Aires está en crisis. Tanto la Policía Federal
como las provinciales también están sometidas a la misma degradación. El
problema ha tomado dimensiones institucionales cuando, en un estado de
corrupción generalizada, las fuerzas de seguridad han pasado a integrar los
ejércitos privados de las mafias y a defender intereses ajenos a las
necesidades de los ciudadanos. La presencia de agentes de la seguridad y de las
Fuerzas Armadas, así como de varios prefectos en la estructura de seguridad de
Yabrán, son un claro ejemplo. Igualmente sucede con las bandas criminales
operativas en el área metropolitana de Buenos Aires, integradas por policías y
militares.
III PARTE
La batalla contra la corrupción
político-administrativa resultará imposible de afrontar en la medida que no se
produzca una ruptura entre los jueces y los políticos. Es necesario que dentro
del Poder Judicial se dé un cambio radical. La actitud de los jueces debe ser
diferente frente al Poder Político. La renovación en el escalafón de los jueces
y la modificación de los criterios de reclutamiento permitirán en el futuro la
investigación a fondo de los hechos de corrupción y la adopción de las
sanciones penales oportunas. Sin embargo, es poco factible dichas medidas
durante la presidencia de Carlos Menem. La corrupción en Argentina afecta
gravemente a la legitimidad democrática; distorsiona el sistema económico y
constituye un factor de desintegración social. El Estado de Derecho por sí
mismo no es suficiente para controlar la patología, si no hay voluntad política
debido a la creciente adulteración del sistema democrático. En definitiva, las
medidas destinadas a neutralizar la corrupción pasan por la existencia de
partidos políticos auténticamente democráticos; independencia real del Poder
Judicial; mayor equilibrio entre los poderes del Estado; garantías reales de
los derechos y libertades de los ciudadanos; mayor participación del pueblo en
los asuntos públicos.
Fuente: Ariel Said
(Argentina).
"Un buen juez ha de ser
desconfiado
de la Administración
de Justicia"
Joaquín Navarro Estevan,
magistrado (España)
¿Quiere echarle
un vistazo a la mala vida? Busque en los bares y restaurantes frecuentados por
los jueces, políticos y abogados. Unos estarán en alza y otros pendiente de ser
procesados. Concejales con alguna prebenda; jueces designados por los políticos
(éstos últimos nunca perderán la memoria, sobre todo si están procesados) y
abogados a granel buscando una ventaja o un arreglo rápido. La Mafia siempre apoya a la
gente honesta.
Fuente: Lee
Walker, autor de El management de la
mafia.
¿JUECES LOCOS EN COLOMBIA?
Los
trastornos osteomusculares como fracturas y esguinces, seguidos de las
enfermedades mentales (estados de ansiedad, depresiones neuróticas y
alteraciones emocionales) son las mayores causas de absentismo e incapacidad en
la Rama Judicial,
según estadísticas de la
Oficina de Salud Ocupacional de la Dirección Seccional
de la Rama Judicial.
De acuerdo con estudios de la Organización
Internacional del Trabajo, la salud psíquica en el trabajo se
halla en peligro. Los empleados sufren de agotamiento, ansiedad, un bajo estado
de ánimo, factores que pueden provocar pérdidas significativas por la menor
productividad y la mayor rotación de trabajadores.
Fuente: "Evidencias" (Rama Judicial
de Antioquia, Colombia).
“Muchos jueces son absolutamente
incorruptibles;
nadie puede inducirles a hacer justicia”
Bertolt Brecht
NARCOTRÁFICO
DEMOCRÁTICO
Nosotros traficamos con drogas,
pero los jueces, políticos y abogados trafican con las ilusiones del pueblo,
con la justicia (José Mendiola Salgado, narcotraficante peruano y presunto
compadre de un magistrado, un abogado y de Vladimiro Montesinos Torres, ex
director del Servicio de Inteligencia Nacional de Perú, según declaró a
"Panorama").
DILACIÓN
INDEBIDA
Es imperiosa la necesidad de que
los jueces y tribunales resuelvan las causas que conocen, no sólo con arreglo a
los principios de equidad y legalidad que reclama la noble labor de administrar
justicia, sino con estricto apego a los términos y plazos que para tal efecto
fijan las disposiciones legales que regulan los procedimientos judiciales. La
más recta y sabia de las decisiones jurisdiccionales pronunciada en forma
extemporánea contribuye, sin proponérselo, a lesionar el derecho que pretende
tutelar, cuando no convierte en ilusoria la exigencia de justicia que reclama
el agraviado por una conducta desleal, beneficiando en un caso y otro a quienes
sin tener de su lado el derecho o la razón, ponen sus oscuros intereses al
abrigo del lento proceder de la justicia.
Fuente:
Ethelvina Llosa Macheri (Perú).
PSICOSIS
PLEITEANTE
No hay jueces corruptos, sino
justiciables chiflados. Es necesario tenerlo en cuenta a la hora de luchar
contra la injusticia en la
Administración de Justicia. El internamiento en el manicomio
es una baza a disposición de cualquier juez fuera de la ley con la complicidad
de algún médico forense sin escrúpulos para desembarazarse de los ciudadanos
empeñados en denunciar la corrupción en los estrados.
ABOGADOS Y DELINCUENCIA
La Unión Europea quiere
aprobar una directiva para obligar a los abogados a denunciar a los sospechosos
de blanquear dinero procedente del terrorismo y el crimen organizado, pero el
decano del Colegio de Abogados de Madrid, ha dicho: "Los abogados no
seremos delatores de nuestros clientes"…
EMPRESARIOS
Y SINDICALISTAS ESPAÑOLES
TANTO
MONTA MONTA TANTO
El
Tribunal de Cuentas ha denunciado múltiples irregularidades en la gestión que
sindicatos y patronal cometieron entre 1996 y 1998 con fondos públicos (600
millones de euros al año) a través de la Fundación para la Formación Continua
de Trabajadores (FORCEM). El Tribunal de Cuentas desgrana 'una amplia
diversidad de irregularidades', desde cursos subvencionados y nunca impartidos
hasta alumnos no existentes, facturas falsas o empresas que aumentan
artificialmente sus plantillas para conseguir ayudas. El tribunal reclama, como
primera medida, que patronal y sindicatos devuelvan más de dos millones de
euros. El rosario de anomalías detectado por el Tribunal de Cuentas en la
gestión que sindicatos y empresarios hicieron de fondos públicos para formación
continua afecta también a las empresas privadas que contrataron para dar cursos
y que se beneficiaron, en ocasiones fraudulentamente, de las subvenciones del
INEM. El Tribunal de Cuentas ha observado 'responsabilidad por alcance', un
daño para la hacienda pública por mala gestión -fundamentalmente por gastos
dudosos-, y exige la devolución de más de dos millones de euros. Varias
patronales (CEOE, CEPYME, la Confederaciones
Empresariales de Galicia, Baleares, Castellón, Alicante y
Tenerife) deberán reintegrar más de 1,5 millones de euros mientras el resto
corresponde a la
Confederación Sindical de Comisiones Obreras y a su unión
sindical en Andalucía y a UGT de Andalucía y Valencia. - Requisitos falsos. Se
ha detectado una falsedad al cumplimentar los requisitos exigidos para el
acceso a las subvenciones: 'número de trabajadores inferior al mínimo exigible
en planes de empresa, presupuestos económicos y académicos inflados para
obtener más subvención, falsedad en la declaración de no recibir otras
subvenciones con el mismo objeto, falsedad en la cumplimentación de los datos
correspondientes al volumen de plantilla'. - Costes falseados. El informe
detalla que se han imputado costes por encima de la realidad en materia de
personal, suministros de bienes y servicios y amortizaciones. En ocasiones la
anomalía es más grave y burda: justificación de costes externos mediante la
preceptiva factura que no responden a ninguna operación real. También ha
descubierto el Tribunal de Cuentas facturas multiuso: a veces, una misma
factura es presentada ante distintas administraciones para justificar el gasto
de distintas subvenciones y correspondientes a distintos ejercicios.
Justificación de costes mediante factura por importes 'muy superiores al precio
de mercado', lo que presupone una 'posible connivencia entre el beneficiario de
la subvención y la entidad que le expide la factura'. Por otro lado, 'el
fenómeno de las subcontrataciones entre empresas con algún tipo de afinidad
suponen, por sí mismo, un aumento de los costes sin necesidad'. - Cursos
inexistentes. En ocasiones, no es que haya facturas falsas en un curso, es que
nunca hubo tal curso. Y, sin embargo, el receptor de la ayuda adornó con toda
suerte de detalles la justificación de los gastos: listados de alumnos, partes
de asistencia, programas, material, etcétera. O se incluyen alumnos para
justificar acciones formativas cuyo número de afiliación a la Seguridad Social
resulta falso o corresponde a otra persona. Valga el siguiente dato: de los
271.204 alumnos certificados a través de 587 planes de formación entre 1996 y
1997 financiados desde FORCEM, la Seguridad Social no identificó como registrados a
59.552. En suma, un 22% de los trabajadores que habían recibido cursos no
existían. De aquí, como en tantas otras cuestiones, el tribunal extrae la
necesidad de 'un mayor control por FORCEM e INEM en la verificación de los
datos facilitados por los beneficiarios de ayudas'. - Reducciones gratuitas. El
Tribunal de Cuentas destaca que, una vez recibida la subvención conforme a unas
condiciones, la entidad beneficiaria las cambia a su antojo sin merma
proporcional en los pagos. Así, a veces se reducen las acciones aprobadas un
34% y las horas lectivas y alumnos en un 42% y, sin embargo, se rebaja la
facturación sólo en un 2%. Por tanto, el tribunal considera que frecuentemente
se presentan planes sólo para garantizarse una subvención que, de presentarse
su proyecto real, jamás la obtendría. Las convocatorias de cursos, reprocha el
tribunal, no establecen porcentajes mínimo de asistencias para considerar que
el curso ha existido. - Clases de fagot particulares. El informe detalla que
las acciones individuales de formación continua financiadas con fondos públicos
han recaído, paradójicamente, en la categoría de trabajadores cualificados
(41%). Estas acciones, según el Tribunal de Cuentas, tienen todos los visos de
que 'podrían haber financiado cursos de interés eminentemente particular'. Así,
FORCEM aprobó un curso para un empleado de la empresa nacional Bazán de 'título
medio de la especialidad de fagot'. Diversos trabajadores de CASA
(Construcciones Aeronáuticas) con cargo al fondo público cursaron estudios de
Música, Filosofía, Historia, Bellas Artes, Historia de América o Periodismo; un
curso subvencionado por el FORCEM para Hunosa costeó a un trabajador el título
de entrenador de fútbol; dos cursos del Banco Central financiaron su
especialidad en psicoterapia y licenciatura en políticas... En la medida que
tales cursos se han impartido desde grandes empresas, el informe plantea que
han servido 'para favorecer a un colectivo específico de personas con elevado
grado de influencia dentro de la entidad que presenta el plan de formación'. -
Cursillistas profesionales. El Tribunal de Cuentas denuncia que algunos alumnos
han realizado varias acciones formativas en una misma convocatoria. Más allá de
la profesionalización cursillista que se detecta en estos alumnos
omnipresentes, la anomalía descubierta supone que las cifras de trabajadores
realmente beneficiados por la formación continua son algo menores. El informe
detalla que un total de 53.795 alumnos, que representan un 15% del total de
alumnos de los planes seleccionados como muestra en la auditoría, realizaron
más de un curso en 1997. Y de ellos, 4.146 asistieron supuestamente a cuatro o
más cursos entre 1996 y 1997. - Recomendaciones. El Tribunal de Cuentas exige
al Gobierno que instaure un registro de subvenciones, ya que actualmente se
desconoce cuánto dinero público se invierte en toda España en formación
continua. Así, el Tribunal de Cuentas sólo analizó los fondos entregados por el
INEM, pero no los facilitados por las comunidades autónomas o la UE. Tal cúmulo de
anomalías de FORCEM ha supuesto su paulatina pérdida de autonomía en favor del
INEM, el bloqueo de ayudas, y su ya anunciada extinción.
Fuente: Diario El País.
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